La Procuraduría General
de la Nación, a través de la Provincial Villavicencio, adelantó una jornada de
capacitación, con el apoyo interinstitucional de la Escuela Superior de
Administración Pública (ESAP), dirigida a alcaldes personeros, presidentes de Concejo,
y funcionarios de las administraciones
de 29 municipios del Meta y 10 del oriente de Cundinamarca, con el
propósito de fortalecer la gestión pública de las autoridades locales.
Durante el evento
académico, que se llevó a cabo en el municipio de Cabuyaro (Meta) y contó con
la activa participación del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la
Policía Nacional, se hizo énfasis en la importancia de la gestión preventiva
que adelanta la Procuraduría General de la Nación, y se abordaron temáticas como
la garantía de los derechos humanos, la atención a las víctimas, el uso
eficiente y eficaz de los recursos públicos, la protección del medio ambiente,
y la cultura de la legalidad y la integridad.
Respecto de la vigencia
de la Ley de Garantías, el procurador provincial Alberto Rivera Balaguera
recordó las restricciones en materia de contratación, en el movimiento de la
nómina y especialmente de participación en política. Destacó de otra parte la
obligación de publicar oportunamente la información relacionada con todas las
etapas de la actividad contractual (conforme a lo establecido en la Ley 190 de
1995), así como el informe sobre el presupuesto apropiado para la atención a
las víctimas durante la presente vigencia, para efectos del control social.
La Policía Nacional, a
través de la Oficina de Planeación de la Dirección General, se vinculó a la
jornada de capacitación dando a conocer la oferta institucional que a través
del programa “Departamentos y Municipios Seguros” está a disposición para la
apropiación e implementación de estrategias en la gestión territorial como los
consejos de Seguridad, los comités de Orden Público, los fondos de Cuenta
Territoriales, los planes integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los
comités de Vigilancia Epidemiológica. En este sentido se hizo referencia además
a la “Guía Metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de
los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana”, instrumento para
la identificación y solución de las problemáticas de seguridad y convivencia en
las comunidades. Se reiteró al respecto que la Procuraduría Delegada para la
Descentralización y las Entidades Territoriales ha venido realizando un
seguimiento permanente en materia de seguridad y convivencia a los municipios.
Por su parte el Comité
Internacional de la Cruz Roja se refirió a la problemática de la desaparición
forzada y los mecanismos o rutas para su
atención, y abordó las normas vigentes en materia de derechos de las
víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria y
las obligaciones del Estado para su garantía y restitución.
La ESAP expuso el
desarrollo normativo vigente en torno a las víctimas del conflicto armado,
haciendo énfasis en la verdad histórica, la justicia y la reparación integral,
así como en los principios de la legislación interna y el bloque de
constitucionalidad. Se refirió asimismo a la obligatoriedad de reflejar en el
Plan de Acción Territorial (PAT) los recursos necesarios y suficientes para la
atención a las víctimas, rubro que debe ser revisado y actualizado anualmente
junto con sus indicadores de gestión. De otra parte recordó la obligación que
tienen los entes territoriales de dar cumplimiento a las órdenes de los jueces
de restitución, en cuanto al deber de implementar alivios tributarios mediante
acuerdos municipales, y promover acciones ante las entidades acreedoras.
La próxima jornada de
capacitación se llevará a cabo el viernes 25 de abril en el municipio de Guamal
(Meta), cuando se abordará el Sistema de Planeación Municipal.