Estado no para de denunciar los crímenes de las Farc.-El
pasado jueves, la Policía rindió un sentido homenaje a los dos policías
asesinados. Mindefensa y la ONU piden a la guerrilla la entrega de responsables
en asesinato de dos Policías.
D EL TIEMPO
El secuestro, la
tortura y homicidio del mayor Germán Méndez, de 33 años, y del patrullero
Edílmer Muñoz Ortiz, de 27, a manos de guerrilleros de la columna Daniel Aldana
de las Farc en zona rural de Tumaco es el crimen 171 que el Estado llevará ante
la justicia internacional.
El caso de los
policías, asesinados a punta de golpes hace dos semanas en Nariño, será
denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI). El principal argumento será
que si bien hacían parte de la Fuerza Pública, lo que los convierte en actores
dentro el conflicto, los dos estaban en completo estado de indefensión cuando
fueron atacados, lo que constituye una clara violación al Derecho Internacional
Humanitario y un crimen de guerra. ('Es inadmisible respuesta de Farc ante
crimen de policías':
La Policía ha insistido en que Méndez y Muñoz fueron retenidos por siete guerrilleros pese a que no tenían armas ni lucían uniformes, sino una camiseta que decía Consolidación, cuando realizaban labores humanitarias de la mano de la Unidad de Consolidación Territorial en la vereda San Luis Robles, cerca de Tumaco. ( Son tres los guerrilleros señalados de haber asesinado a policías).
El dictamen de Medicina
Legal arrojó que los policías fueron atados a un árbol y golpeados con objetos
contundentes que les causaron dolor hasta llevarlos a la muerte. Las Farc
reconocieron ser los autores del crimen, pero culparon al Estado por haber iniciado
una operación para dar con el paradero de los uniformados.
La oficina de Derechos
Humanos del Ministerio de Defensa señala que las denuncias ante tribunales
internacionales, específicamente la CPI y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), no solo han sido por violaciones de derechos de los
uniformados, sino de la población colombiana víctima del conflicto.
El reporte indica que
en las últimas dos décadas, Colombia ha puesto en conocimiento de instancias
extranjeras la muerte en cautiverio de 10 miembros del Ejército y 20 de la
Policía. Todos, a manos de las Farc. Una de esas denuncias fue la muerte en
cautiverio del coronel Julián Ernesto Guevara, cuyos restos fueron entregados a
su madre, Emperatriz Castro de Guevara, cuatro años después de morir en la
selva.
También, 70 tomas
guerrilleras, como la de Bojayá, Chocó –ocurrida en mayo del 2002–, 40 actos de
terrorismo y 30 actos de barbarie e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario.
Uno de los primeros
casos llevados ante la CPI fue la masacre de 31 soldados en Puerres, Nariño, en
abril de 1996, cuando las Farc emboscaron una caravana destinada a custodiar el
oleoducto Transandino. Los cuerpos de los militares, atacados con dinamita por
150 guerrilleros de los frentes 29, 32 y 48 de las Farc, quedaron incinerados
en la vía.
Dos años después, el
Ministerio de Defensa denunció el crimen del capitán Luis Hernando Camacho,
ocurrido en febrero de 1998. “Luego del ataque, las Farc ocultaron una granada
en los genitales del capitán que había caído en combate. Cuando estaban sacando
los cuerpos, la granada explotó mutilando el cadáver y causando la muerte de
dos soldados”.
Denuncias ante Fiscalía
El Ministerio de
Defensa asegura que en los últimos 15 años, el Gobierno ha radicado ante la
Fiscalía General cerca de 9.000 denuncias por la muerte o heridas de
uniformados causadas por minas no convencionales instaladas por las Farc.
A esa cifra se suman
otras 3.000 denuncias de víctimas civiles, fatales o con heridas, que en ese
mismo lapso de tiempo han caído en campos minados atribuidos a la guerrilla.
“Solo existe una condena contra las Farc como responsables de lo ocurrido a
víctimas de minas antipersonal”, señala el Ministerio.
El informe también cita
denuncias por desaparición forzada de integrantes de la Fuerza Pública: 127
casos, 63 de militares y 64 de policías. En total, son 19.127 denuncias en la
Fiscalía.
Muchos de ellos
desaparecidos en medio de combates, pero otros cuando realizaban labores de
inteligencia o estaban de permiso o vacaciones. Fue el caso de Rigoberto
Antonio Úsuga Durango, quien el primero de diciembre de 2001 fue desaparecido,
según la denuncia, por guerrilleros en Urumita, Antioquia. Ese día, Úsuga
estaba jugando un partido de fútbol cuando fue retenido.
La Procuraduría ha
advertido que crímenes como estos no deben quedar en la impunidad, y deben ser
abordados en la mesa de diálogos del Gobierno con las Farc en La Habana.
Precisamente, este domingo la Presidencia dijo que si bien se adelanta un proceso
de paz con las Farc, la guerrilla deberá responder por los crímenes que hayan
cometido y sigan cometiendo.
La Fiscalía, por su
parte, ha dicho que el ente investigador adelanta procesos por delitos de lesa
humanidad contra las Farc, pero que hasta ahora ningún juez ha emitido condenas
contra miembros de esa guerrilla por delitos que violen el Derecho
Internacional Humanitario.
Entre tanto, en la CPI
y en la CIDH avanza la revisión de los casos. En la mayoría, se ha pedido a
Colombia no cerrar las investigaciones.
Consejo de Estado pidió investigar
A comienzos de este
mes, los magistrados del Consejo de Estado le pidieron a la Fiscalía estudiar
si en la toma guerrillera a Mesetas (Meta), el 15 de diciembre de 1997, cabía
una investigación por delitos de lesa humanidad contra miembros del Secretariado.
En ese caso solicitó revisar la participación que pudo tener alias
‘Timochenko’, máximo jefe de las Farc, en la muerte de una mujer y su hija en
el ataque.
Dos ataques de la guerrilla este fin de semana
Cúcuta y Cali. Mientras
aterrizaba en una montaña del corregimiento Las Mercedes, en Sardinata (Norte
de Santander), un helicóptero de la Policía fue impactado por la detonación de
explosivos.
En el hecho, ocurrido
el sábado y atribuido a las Farc, resultaron heridos dos uniformados.
La Policía indicó que la
aeronave tenía como misión recoger a un policía con permiso para asistir al
sepelio de un hermano.
El coronel Eliécer
Camacho, comandante de la Policía de Norte de Santander, dijo que “una vez
aterrizó el helicóptero se activó un artefacto explosivo”.
Ante el estado en que
quedó el aparato, se determinó su destrucción total.
De otro lado, las
autoridades reportaban ayer hostigamientos sostenidos del frente sexto de las
Farc en Toribío, en el norte del Cauca. Según dijeron, ocurrían desde el pasado
viernes en área montañosa de las veredas La Palma, La Mina y La Bodega, zona
rural de Toribío.
La situación generó el
desplazamiento de 28 personas hacia los sitios de asamblea determinados por la
guardia indígena, para evitar caer en el cruce de los disparos entre
guerrilleros y la Policía.
Este domingo, el
alcalde de Toribío, Ezequiel Vitonás, precisó que el municipio retomó su
tranquilidad y con normalidad fueron recibidos 400 deportistas, especialmente
niños, de diferentes municipios de esa parte del Cauca para promover la sana
convivencia a través del deporte.
REDACCIÓN JUSTICIA
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