D: RCN La Radio
Abogados del alcalde de Puerto Gaitán, Edgar
Silva, ya apelaron la decisión en primera instancia de la Procuraduría General
Nación que lo suspende del cargo por 8 meses, por no vigilar el contrato con el
consorcio Aguas de Gaitán. La falta fue calificada como gravísima a título de
culpa gravísima. La decisión está en apelación por parte del mandatario
La Procuraduría General
de la Nación confirmó suspensión del cargo por 8 meses en contra del alcalde de
Puerto Gaitán Edgar Silva González.
La entidad investigó a
Édgar Humberto Silva González, alcalde de Puerto Gaitán, Meta, porque al
parecer no vigiló, ni controló la ejecución de un contrato suscrito con el
objetivo de optimizar el suministro de agua potable para los habitantes del
señalado municipio.
Silva González es
investigado porque no habría adelantado las acciones necesarias para garantizar
el cumplimiento oportuno del contrato suscrito con el Consorcio Aguas de Puerto
Gaitán para “la construcción y optimización de sistema de acueducto para el
casco urbano por el sistema de barcaza para el municipio de Puerto Gaitán
(Meta)”.
Al parecer, el
mandatario no vigiló que se realizaran las gestiones para conseguir las
licencias, permisos y servidumbres necesarias para la ejecución del contrato y,
adicionalmente, no habría adelantado ninguna gestión para apoyar al contratista
a cumplir con lo acordado.
La investigación
disciplinaria señala que el plazo inicialmente pactado para ejecutar el
contrato era de seis meses, pero este tuvo que ser prorrogado debido a los
retrasos tanto en la ejecución como en la consecución de los permisos
pertinentes para la obra, teniendo retrasos de más de un año a lo que se suma
el hecho de que la obra fue suspendida el 12 de agosto del 2013.
Se esperaba que luego
de la ejecución cabal del contrato, el abastecimiento de agua llegara hasta
ocho horas diarias, teniendo en cuenta que al momento de justificar la
contratación, el agua potable en el municipio solamente se surtía por un
período que oscilaba entre dos y cuatro horas diarias.
Para el Ministerio
Público “su omisión ha afectado la puesta en marcha de la solución que buscaba
el mejoramiento de la prestación de un servicio público domiciliario
fundamental, como lo es el del agua, afectando de manera sensible a la
comunidad del municipio del cual es su alcalde (…)”.