“Cerca de 9.000 personas que cumplen condenas por delitos no graves, podrán solicitar la libertad domiciliaria y obtener los beneficios de la reforma al Código Penitenciario y Carcelario.
Frente a las críticas de la opinión pública, el Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, afirma que “no habrá excarcelación de asesinos, violadores, ni guerrilleros”, así como de personas que hayan depredado al erario entre, otras conductas graves.
El ministro de Justicia también explicó que esta medida no representa una excarcelación masiva o impunidad en los delitos, sino que se aplicará la detención preventiva a delitos graves. Respecto a los sindicados por hurtos con violencia, afirmó que seguirán recluidos pues “una cosa es el cosquilleo y otra cosa es quitarle el celular a alguien con un cuchillo”, y agregó que las personas reincidentes, también permanecerán en la cárcel.
Sobre el tema de las comunicaciones en las
cárceles, aseguró que el Ministerio de las TIC debe exigir a los operadores el
bloqueo de señal en las cárceles, sin afectar a los habitantes que residen en las
zonas aledañas a los centros penitenciarios.
Por su parte, el director del Inpec, general Saúl Torres hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, asegurando que no se cometerán errores en la ejecución de esta ley y que quienes aspiren a recibir estos beneficios, deberán pasar por un estudio riguroso antes de obtener la libertad.
El director de la entidad carcelaria, explicó que los presos solamente cambiarán sus condiciones de detención, y que ya se están coordinando esfuerzos con la Policía Nacional, para establecer un sistema de vigilancia en las residencias donde los presos favorecidos cumplan su condena domiciliaria. “Todas las medidas necesarias se tomarán con el fin de ejercer un mejor control a la Ley 1709” aseveró.
El pasado martes se hizo pública la medida que habría sido aprobada en plenaria del Senado el pasado 4 de diciembre con 91 votos a favor, implementa la oralidad en los procesos ante los jueces de Ejecución de Penas y posibilita la libertad de personas que cumplen condenas por delitos no graves, con lo cual el Gobierno espera solucionar la problemática de hacinamiento en las cárceles.
Además, esta reforma concedería el beneficio de detención domiciliaria a quienes tengan una condena inferior a los 8 años de cárcel, excluyendo del beneficio a los delitos considerados como graves.
Los internos que ya han pagado al menos tres quintas partes de su condena, podrán solicitar la libertad condicional, así como rebajas hasta de una sexta parte de la pena a quienes proporcionen información que permita dar con responsables de delitos.
Por su parte, el director del Inpec, general Saúl Torres hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, asegurando que no se cometerán errores en la ejecución de esta ley y que quienes aspiren a recibir estos beneficios, deberán pasar por un estudio riguroso antes de obtener la libertad.
El director de la entidad carcelaria, explicó que los presos solamente cambiarán sus condiciones de detención, y que ya se están coordinando esfuerzos con la Policía Nacional, para establecer un sistema de vigilancia en las residencias donde los presos favorecidos cumplan su condena domiciliaria. “Todas las medidas necesarias se tomarán con el fin de ejercer un mejor control a la Ley 1709” aseveró.
El pasado martes se hizo pública la medida que habría sido aprobada en plenaria del Senado el pasado 4 de diciembre con 91 votos a favor, implementa la oralidad en los procesos ante los jueces de Ejecución de Penas y posibilita la libertad de personas que cumplen condenas por delitos no graves, con lo cual el Gobierno espera solucionar la problemática de hacinamiento en las cárceles.
Además, esta reforma concedería el beneficio de detención domiciliaria a quienes tengan una condena inferior a los 8 años de cárcel, excluyendo del beneficio a los delitos considerados como graves.
Los internos que ya han pagado al menos tres quintas partes de su condena, podrán solicitar la libertad condicional, así como rebajas hasta de una sexta parte de la pena a quienes proporcionen información que permita dar con responsables de delitos.