La Procuraduría General de la Nación, a través de su Regional
Bolívar, formuló pliego de cargos en contra de Arcesio Pérez Bello, en su
condición de alcalde de Magangué (Bolívar) para la época de los hechos; y los
entonces concejales del municipio Fejed AlÍ Escobar, Carlos Arrieta Serpa,
Jaime Bedoya Cárdenas, Luis Chacón Muñoz, Marlon Díaz Pérez, Abraham Dovales
Lozano, Daniel Franco Pérez, Anastacio García Mendoza, Candelaria Hernández
Hernández, Vladimir Ilich Macías Mejía, Mónica Marsiglia Martínez, Adonis
Pabuena Rodelo, José Javier Roenes Galvis, Sara Valdelamar Baldovino y Miguel
Ángel Villamizar.
Concejales y alcalde son investigados por aprobar y
sancionar, respectivamente, el Proyecto de Acuerdo 028 de 2010, posteriormente
Acuerdo Municipal 019 de 2010, por medio del cual se autorizó al primer
mandatario de Magangué (Bolívar) a ampliar por trece (13) años el término de la
concesión otorgada para la prestación de servicios de aseo urbano: barrido
recolección y transporte de residuos sólidos en zonas determinadas.
A la fecha de autorizar y sancionar el referido, los
concejales y el alcalde carecían de competencias para otorgar dicha aprobación,
puesto que el municipio de Magangué había sido descertificado por la Superintendencia
de Servicios Públicos para la administración de los recursos destinados para la
prestación del servicios de agua potable y saneamiento básico, y por tanto no
era posible que asumiera nuevos compromisos.
La ampliación se dio cuando faltaban diez (10) años para el vencimiento
del término original del negocio jurídico, por lo que los entonces servidores
podrían estar incursos en falta disciplinaria.
La falta posiblemente cometida por alcalde y concejales de
Magangué (Bolívar) fue calificada provisionalmente por el Ministerio Público
como gravísima a título de dolo.