Solo hasta en el mes de
septiembre se realizaría la audiencia de lectura de escrito de de acusación
contra los cuatro ex funcionarios de la Gobernación del Meta involucrados en el
escándalo de la refinería Jairo Iván Frías Carreño ex secretario de Hacienda,
Hernando Martínez Aguilera ex director de Planeación, Ricardo Rodríguez ex
gerente de Llanopetrol y Luz Estela Casasfranco ex asesora jurídica de la
administración de Alan Jara Urzola.
Por ahora solo existe
la posibilidad, que ya están estudiando los abogados defensores, de pedir la
revocatoria de la medida de aseguramiento que fue ratificada y que los mantiene
en la cárcel la Picota y el Buen Pastor desde el 19 de mayo de este año por
presuntos malos manejos en Llanopetrol por más de 18 mil millones de pesos,
según lo detectado por la Contraloría General de la República y lo investigado
por la Fiscalía General de la Nación.
Aseguran los abogados
que esa revocatoria que se hace ante un juez de garantías, no garantizaría que
puedan recobrar su libertad así sea de manera condicionada.
Los cuatro ex
funcionarios deben responder por los delitos de peculado por apropiación en
favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato
sin cumplimiento de requisitos legales, en relación con los estudios de
factibilidad para la realización de la obra entre los años 2012 y 2015.
Según señaló el
despacho del juez que en su momento los dio medida de aseguramiento, la Fiscalía
demostró que, “la presunta participación de los procesados en los presuntos
actos delictivos objeto de la investigación, por lo cual se hace necesaria la
medida de aseguramiento en razón a los más de 18 mil millones de pesos que se
desviaron en la ejecución del proyecto”.
Los cuatro ex
funcionarios del Meta completan tres meses privados de la libertad.