Empleos
y contratos en 28 zonas petroleras, nuevo 'botín' de bandas.
Buscan control territorial y jugosas rentas. Asesinato en el
Meta prende alarmas del Gobierno.
Para
miles de desempleados en el país el programa del Servicio Público de Empleo
(SPE), que lanzó el Gobierno en junio del 2013, se convirtió en su tabla de
salvación. En menos de un año, se conformó una red de entidades públicas y
privadas de primer nivel, a través de las cuales están consiguiendo un cupo en
el mercado laboral.
Pero
en algunas zonas de explotación petrolera –sector que mueve cerca de 47.000
empleos directos–, el ingreso de este modelo ha estado rodeado de protestas,
amenazas y hasta de un asesinato.
La
líder sindical Edith Santos fue baleada el 29 de agosto, ocho días después de que
la Unidad del Servicio de Empleo del Gobierno autorizó que la Corporación
Comunitaria Juntas de Acción Comunal del área de influencia de San Isidro de
Chichamentela (Cjaid), que ella representaban, manejara la franquicia de la
bolsa de empleo en Acacías, Meta. En febrero, la líder ya había sido noticia
por participar en el paro petrolero que terminó en graves disturbios con la
Policía.
La
Fiscalía aún está indagando los móviles del crimen, pero éste prendió las
alarmas de las autoridades que venían recibiendo versiones de que, en 28
municipios donde avanzan nuevos y multimillonarios proyectos petroleros –en
Meta, Casanare y Putumayo–, el manejo de las vacantes está convertido en
‘botín’ de organizaciones criminales.
“Decidir
a quién se emplea no solo se convierte en poder y control político y social.
También permite amarrar millonarios contratos de prestación de bienes y
servicios con petroleras, que van desde el transporte de maquinaria hasta el
manejo de casinos de comida en los campamentos”, dijo un oficial que ya le
entregó un informe al Gobierno sobre lo que está ocurriendo.
En
éste se asegura que un viejo ‘para’ del Meta, aliado de ‘los Urabeños’ y
conocido como ‘Jorge’, está detrás de fundaciones que obtienen esos contratos.
“Desde
la cárcel manda. Su influencia se siente en el Meta, Casanare y límites entre
Guaviare y Vichada”, dijo un miembro de la Federación de Juntas de Acción
Comunal del Meta.
EL
TIEMPO llamó a la fundación, en Acacías, que relaciona con el ‘para’ y antes de
tirar el teléfono, el encargado manifestó que admiraba a la líder asesinada.
En
Putumayo y el Catatumbo, gente cercana a la guerrilla es la que está moviendo
algunos de los hilos de la contratación.
El
truco para ejercer ese poder son los llamados procesos de socialización. Según
el Decreto 2820 del 2010, para que una empresa pueda entrar a una zona, le debe
dar a conocer a la comunidad el proyecto petrolero.
En
esos escenarios, empresas como Ecopetrol suelen hacer acuerdos provechosos,
como que el 100 por ciento de la mano de obra no formal sea de lugareños.
“Pero
se volvió costumbre que, además de controlar la totalidad de empleos no
calificados, algunos ‘líderes’ exijan que se contrate con ellos la prestación
de bienes y servicios a precios por encima del mercado. Aquí no juega la ley de
la oferta y la demanda”, indicó un ingeniero de una de las más importantes
petroleras que operan en el país.
Con
tal de que no les bloqueen los proyectos –con quejas ambientales o laborales–,
hay empresas que pagan salarios absurdos. Según cifras que maneja el Gobierno,
los hombres que dan el paso en las vías en construcción, conocidos como
paleteros, puede ganar dos millones y medio de pesos. Y mover un taladro de
exploración puede costar 700 millones de pesos, el doble del valor comercial.
“Por
eso, las fundaciones o juntas de acción comunal tienen más poder que los
alcaldes”, le aseguró a este diario el mandatario de uno de los municipios
petroleros más ricos del Meta.
‘Estamos preocupados’
EL
TIEMPO le consultó el tema al ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, quien
admitió que ha sido difícil que el programa de empleo del Gobierno entre a 28
zonas petroleras y que hay preocupación.
“Hay
rumores y mucho ruido. No puedo hacer acusaciones, pero tampoco debo pasar de
agache. Los paros en mi época eran por lograr la construcción de una carretera
o una obra. Ahora, sin entrar a satanizar, se pelea es por el control de una
fundación, y eso nos ha generado muchas dudas”, dijo el ministro Garzón.
Y
agregó que no se atreve a señalar si hay paramilitares o guerrilla detrás de
este fenómeno: “Estamos recibiendo valoraciones de parlamentarios, de políticos
y de poderes locales”, dijo.
Por
ahora, Luis Ernesto Gómez, director del Servicio de empleo del Gobierno,
advirtió que solo la junta de Edith Santos tenía permiso para actuar como bolsa
de empleo, pero le falta la orden de operación.
“Si
empresas están recibiendo hojas de vida a esas organizaciones, están violando
la ley”, dijo Gómez.
El día que la mataron tenía
cita con el Gobierno
El
29 de agosto, Edith Santos tenía una cita en las oficinas de Bogotá del
Servicio Público de Empleo para conocer los requisitos y estándares que su
asociación Cjair debe cumplir para entrar a operar como intermediaria oficial
de empleo.
Santos
estaba alistando los documentos para viajar a Bogotá, cuando dos sicarios en
moto la sorprendieron en su oficina, ubicada en el centro comunal de Acacías, y
la asesinaron. Los investigadores del caso tienen varias pistas sobre el
crimen. Pero la versión más fuerte indica que Santos era blanco de presiones
por parte de una empresa contratista que controla desde prisión un jefe
paramilitar de los Llanos. De hecho, varios de sus compañeros han recibido
amenazas.
El
alcalde de Acacías, Arsenio Vargas, está ofreciendo una recompensa de 20
millones de pesos, por datos que permita capturar a los autores intelectuales y
materiales de este hecho. Ya se tiene un retrato hablado de uno de los
sicarios. En febrero, Edith Santos ya había sido noticia por su participación
en las protestas en las que la comunidad de la zona petrolera de Acacías le
reclamaba derechos laborales y ambientales a Ecopetrol.
UNIDAD
INVESTIGATIVA
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