La norma que se expedirá el miércoles
reducirá el tiempo de aprobación de licencias ambientales.
D Maria Alejandra Medina Jairo Chacón González
La norma busca
optimizar los tiempos en la expedición de las licencias ambientales, sin
afectar, ni discriminar a nadie.
Mientras que en el
ministerio de Ambiente se dan los últimos hervores a lo que será el decreto que
permitirá desatar el nudo gordiano que ata y demora la expedición de las
licencias ambientales de proyectos de infraestructura y minería, en los grandes
círculos económicos y ambientales se prende la polémica. Esto, entre quienes
consideran que la medida será la tabla de salvación para dinamizar la economía
del país y de quienes creen que la norma será la doble calzada que permitirá
arrasar con el entorno.
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| Foto Archivo. |
Si bien la nueva receta
será servida por el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, y el presidente Juan
Manuel Santos, quienes firmarán el decreto que se expedirá el próximo
miércoles, el que deberá vérselas con los comensales (constructores,
inversionistas y las comunidades) será Fernando Iregui. Él, con tan solo dos
días de posesionado como director de la Autoridad de Licencias Ambientales
(ANLA), tendrá la responsabilidad de que el platillo no discrimine a nadie y
que todos puedan participar en su elaboración.
Iregui le explicó a El
Espectador que el nuevo decreto de optimización ambiental introducirá la
oralidad como herramienta para agilizar y confrontar a las partes que
intervienen en el proceso.
“Para ello se realizará
una reunión en la que los actores que consideren vulnerados sus derechos por la
solicitud ambiental podrán exponer sus razones y, así mismo, los solicitantes
defenderán y explicarán la forma como mitigarán la afectación de la zona donde
se ejecutará la obra”.
“Con esta norma no se
pretende evadir, ni despreciar la protección del medio ambiente”, aseguró
Iregui.
Recalcó que el tiempo
ya no será una talanquera y que en la reunión de solicitud, que será por una
sola vez, las partes deberán entregar toda la información requerida. De lo
contrario, el solicitante tendrá que iniciar nuevamente de cero el proceso.
Para el presidente de
la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, esta norma
permitirá acelerar la locomotora de la infraestructura, ya que se optimizará el
tiempo, es decir, habrá una reducción en el tiempo de expedición de las
licencias ambientales requeridas para la ejecución de los proyectos,
especialmente del Programa Vial de Cuarta Generación de Concesiones (4G), con
los cuales el país será más competitivo en la región.
La idea es que, con la
expedición del decreto, el tiempo promedio para la aprobación de una licencia
ambiental sea de cuatro a seis meses. Andrade explicó que la medida establece
que en tramos ya intervenidos no se requerirá de licencia ambiental.
“La construcción de un
tercer carril adosado no es considerado como una nueva afectación, razón por la
cual el ejecutor no requerirá obtener este requisito”, indicó.
El funcionario explicó
que lo importante es que se le exija al constructor todos los documentos
requeridos y que el proceso no se dilate en el tiempo.
“Hoy todavía hay
trámites en la Ruta del Sol que llevan más de dos años de proceso y las
autoridades siguen pidiendo documentos para definir la suerte del proyecto”,
señaló.
Pero no todo es color
de rosa en esta receta que tiene como objetivo que se reactiven muchos
proyectos, especialmente en el sector petrolero, donde la producción se ha
reducido y por lo cual el país podría perder la autosuficiencia por falta de
nuevos descubrimientos de hidrocarburos.
Para los ambientalistas,
uno de los ingredientes más polémicos en esta receta es la oralidad que se
quiere implementar con el fin de agilizar los trámites. “Los funcionarios van a
tener un reto muy grande porque hay problemas ambientales que son muy
complejos, que no se pueden describir verbalmente y para los que es necesario
tener más tiempo para estudiarlos”, dijo Julio Carrizosa, miembro de la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Y, en ese sentido, una
mala decisión en el papel se traduce en menoscabos para el ambiente y las
instituciones. “Si los funcionarios aprueban las licencias sin tener el
conocimiento suficiente, pueden resultar daños y perjuicios muy grandes, tanto
para las empresas privadas como para la nación”, afirmó Carrizosa.
Ahora, el decreto en sí
mismo, según expertos, es inconstitucional. En la ley 1450 de 2011 se
establecen los parámetros para otorgar licencias ambientales, incluidos los
plazos. “No se puede modificar términos porque están en la ley y el decreto no
puede desconocerla. Ahí hay una violación de legalidad y una extralimitación de
funciones del presidente”, asegura el consultor legal ambiental Rodrigo
Negrete. “Eso (el decreto) se va a caer y mientras tanto sacan todas las
licencias que necesitan”.
A nivel institucional,
el problema para Negrete es de fondo. “Todo se ha concentrado en los últimos
años en reducir términos y no en la capacidad de las autoridades ambientales
para gestionar con conocimiento y con personal capacitado e información
suficiente”.
mmedina@elespectador.com
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