La norma que se
expedirá el miércoles reducirá el tiempo de aprobación de licencias de este
tipo para proyectos de infraestructura y minería.
El
Gobierno busca que el trámite de licencias ambientales se reduzca al menos en
cinco meses. Tras el anuncio del
gobierno sobre el decreto que busca que los trámites relacionados con licencias
ambientales, para proyectos de desarrollo, se reduzcan hasta en cinco meses,
muchas han sido las voces a favor, pero también en contra de la medida.
Es
el caso del biólogo Orlando Rangel, profesor del Instituto de Ciencias
Naturales de la Universidad NacionaL (ICN) que trabaja el tema del
medioambiente en el país, quien no ve con buenos ojos este decreto que
agilizaría el trámite de las licencias ambientales, de manera que sean
definidas antes de 5 meses.
En
su opinión, analizar el mapa de las licencias previas que hay para
explotaciones mineras en Colombia genera espanto, pues prácticamente todo el
territorio nacional está cuadriculado.
“Si
el proceso para iniciar estas explotaciones se acorta y a las licencias se les
da un ordenamiento, como si se tratara de reparar una conexión del acueducto o
restablecer el fluido eléctrico, el asunto se va a tornar dramático”, explica
el docente.
El
documento “por el cual se modifica el Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010,
mediante el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre
Licencias Ambientales”, que se expedirá este miércoles 24 de septiembre,
establece varios lineamientos para destrabar algunos megaproyectos que se
encuentran detenidos o retrasados por dicho requisito.
El
experto agrega que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos,
concretamente en La Florida, se explotan muchos minerales, pero las empresas
deben dejar el espacio como estaba antes de la explotación o por lo menos muy
parecido.
“¿Por
qué en nuestro país no podemos exigir que las cosas se devuelvan en el estado
más cercano a la condición en que estaban?”, se pregunta el biólogo del ICN.
La
motivación que tienen ambientalistas y demás expertos del entorno natural es
justificada, si se tiene en cuenta que el anuncio del Gobierno desencadenará
intervenciones mineras y de infraestructura, para las cuales el país no está
preparado.
“En
Colombia no hay gente formada para asumir el impacto de los grandes retos que
implican las explotaciones mineras y las de hidrocarburos. Entonces necesitamos
que parte de las regalías se incorporen a la formación de talento humano que
pueda encontrar soluciones a los problemas de la explotación minera”, afirma el
investigador.
Hay
que solucionar, por ejemplo, qué hacer con las aguas residuales o cómo
recuperar los grandes cráteres que han quedado en las cordilleras por la
explotación del carbón.
El
profesor Rangel también asegura que entre los inconvenientes más urgentes de
remediar están las explotaciones de oro y de hidrocarburos, que en algunos
casos generan la contaminación de los acuíferos, así como el problema de qué
ocurre con el agua en los pozos petrolíferos.
“Podemos
encontrar una vía ecológicamente adecuada para devolver esa agua nuevamente al
entorno, pero eso solo se logra con investigación, poniendo al servicio del
establecimiento las mejores mentes, los mejores grupos”, destaca el
investigador.
Asimismo,
recalca que el nuevo Ministro de Medio Ambiente, quien en su concepto no tiene
un óptimo conocimiento de la situación, ha propuesto agilizar las licencias
ambientales, ‘presionado por el sector desarrollista que necesita solucionar
este trámite en el menor tiempo posible’.
“En
el país se tiende a asegurar que los ambientalistas hacen mucho escándalo, pero
si existieran condiciones claras desde el principio no habría problema. Ninguna
institución, ninguna entidad, si conoce que hay un ordenamiento territorial que
está plenamente justificado, incurriría en fallos contra ese ordenamiento”,
finalizó el experto.