La Procuraduría General
de la Nación, teniendo en cuenta la iniciativa gubernamental para modificar el
vigente régimen de licenciamiento ambiental previsto en el Decreto 2820 de
2010, le presentó al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel
Vallejo López, consideraciones y reflexiones sobre el contenido del proyecto
reglamentario referenciado.
Para el Ministerio
Público, las modificaciones sustanciales que contiene el proyecto de reforma
merecen un análisis ponderado que permita la expedición de una norma respetuosa
de la conservación y uso racional y sostenible de los recursos naturales
renovables, a propósito del proceso que se surta para el otorgamiento de una
licencia ambiental.
De igual forma, señaló
el ente de control que dicha licencia es el sistema de control estatal más
importante para lograr la sostenibilidad ambiental de un territorio, y como
tal, su procedimiento debe respetar garantías procesales y sustanciales que
otorga la Constitución.
El Ministerio Público
recomendó que antes de introducir una especie de oralidad en el procedimiento,
es necesario analizar detalladamente el estado y la capacidad actual de las
autoridades ambientales competentes para otorgar las licencias ambientales. La
Procuraduría pidió urgentemente el fortalecimiento institucional y de los
mecanismos de seguimiento al interior de las autoridades competentes para el
otorgamiento de tales permisos.
También se entregó al
jefe de la cartera ministerial la observación sobre el trámite administrativo
de licenciamiento ambiental, que si bien es el escenario más recurrente donde
maniobran los mecanismos de participación ciudadana, la reforma deshecha la oportunidad
para armonizar el procedimiento propio de la licencia, frente a la realización
de audiencias públicas, consultas previas, terceros intervinientes, etc.
Finalmente, la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios solicitó al Ministerio
que se postergue la expedición de la norma modificatoria del Decreto 2820 de
2010, y en su lugar, se promueva un espacio más amplio de discusión y reflexión
acerca de sus contenidos entre los actores institucionales y comunitarios que
de una u otra forma, intervienen en la gestión ambiental.
Las observaciones las
presentó el Ministerio Público a través de la Procuraduría Delegada para
asuntos Ambientales y Agrarios en ejercicio de la función preventiva estipulada
en el Decreto 262 de 2000 y en los artículos 277 y 278 de la Constitución
Política y atendiendo la importancia, que como sistema de control necesario
para la búsqueda de la sostenibilidad ambiental encierra la licencia.