La Procuraduría General
de la Nación profirió fallo de primera instancia contra los responsables de la
interceptación ilegal de las líneas de celular del magistrado auxiliar de la
Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez.
El Ministerio Público
destituyó e inhabilitó por 15 años al intendente Ferney Enrique Galvis Rojas,
funcionario investigador del Área Antisecuestro del Gaula; al investigador del
CTI de la Fiscalía General de la Nación Aldo Francisco Pérez Yosa; a Oswaldo
Villamil Torralba, centinela de la guardia del departamento de Policía Cundinamarca.
Así mismo, destituyó e inhabilitó por 12 años a Edwin Nicolás Acuña Chitiva,
adscrito a la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional
como analista en la Sala Escarlata PUMA en la Dijin.
De acuerdo con la
investigación el policial Acuña Chitiva intervino en la interceptación y
control de la línea telefónica del citado funcionario, a cambio del pago de
dinero por parte del agente Villamil Torralba y el intendente Galvis Rojas.
El técnico “utilizó no
solo su cargo, sino los medios de la institución, para que se diera dicha
interceptación con la finalidad de entregarla a tercero sin ninguna
justificación, pues nada tenía que ver la vida privada del afectado con la
investigación que por secuestro y extorsión se estaba adelantando, lo que
conlleva a que su conducta está revestida de ilicitud sustancial”.
La Procuraduría concluyó que Ferney Galvis,
utilizando su cargo como investigador del Gaula (Fusagasugá) indujo a
servidores para que fuera posible tanto la orden de interceptación del
magistrado auxiliar, así como se ejecutara dicha orden en la Sala PUMA.