Como respuesta a la
encrucijada que vive el sector petrolero, por los malos resultados
exploratorios que no le han permitido al país encontrar un reservorio como
ocurrió con los hallazgos de Caño Limón y Cusiana, en los Llanos Orientales, la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) acaba de anunciar que en la Cuenca del
Magdalena se han identificado recursos prospectivos de hasta 500 millones de
barriles de petróleo equivalente (petróleo y gas).
Si bien es la primera
vez que la ANH se atreve a anunciar perspectivas de los no convencionales, el
vicepresidente técnico de la agencia, Juan Fernando Martínez, aclaró que se
está hablando de recursos, más no de reservas.
El pronunciamiento fue
hecho por Martínez en el marco de la Conferencia Energética Colombiana 2014 de
Enercol.
“El tema permite
mostrar los potenciales de los yacimientos no convencionales, lo cual requiere
de una etapa de maduración para obtener mayor información e interpretación de
los yacimientos, apropiando tecnologías de punta para que Colombia sea parte
del escenario internacional de las inversiones en este campo", explicó.
Martínez indicó que el
objetivo de la ANH es fomentar y apoyar la exploración desde el Estado hacia la
industria, con el fin de ofrecer al país un portafolio de oportunidades que
sean rentables y que al mismo tiempo contribuyan y retribuyan los recursos
públicos que se utilizan en investigación de yacimientos no convencionales.
“Frente a la
prospectividad de los yacimientos no convencionales, se requiere una sinergia
entre las agencias del Estado y la industria para unificar conceptos que
permita perforar los pozos de una manera más rápida”: agregó Martínez.
En opinión de Martínez,
el país necesita romper paradigmas y mirar las cuencas con otros ojos ya que
tienen unos potenciales de convencionales que podrían tener resultados más
inmediatos que los campos convencionales, poniendo como ejemplo la cuenca del
Sinú y del Offshore (mar adentro).
Con respecto al debate
que se ha abierto por el fracking (mecanismo que fractura las rocas, donde está
atrapado el petróleo, y que con inyección de agua y otros elementos químicos se
extrae), el funcionario recalcó que esta tecnología se ha usado desde hace más
de 30 años en el mundo y que no es cierto que afecte el agua.
“El fracking en la
industria petrolera no es nuevo. En muchos de los pozos que perforó Ecopetrol
en el pasado y la operación asociada se hizo a través de fracturamiento y esto
mejoró la producción de petróleo. La discusión que existe hoy sobre el fracking
no tiene sentido porque esto es lo que se ha hecho toda la vida”, recalcó.
Sobrecostos por retraso
de proyectos eléctricos
Mientras el país busca
la fórmula mágica para encontrar los recursos y cubrir el déficit fiscal del
Gobierno, que supera los $12 billones, el sector eléctrico denunció que los
usuarios de la energía deben asumir costos cercanos a los US$ 1.500 millones
debido a las demoras en la ejecución de los proyectos energéticos.
Así lo denunció Ismael
Arenas, presidente de Enercol y miembro de la junta directiva de Aciem, quien
culpó de esta situación a la demora en la expedición de las licencias
ambientales, las consultas previas, el deterioro del orden público y la falta
de coordinación entre las autoridades centrales y regionales.
Arenas aseguró que el
país debe resolver de manera integral el proceso de permisos y licencias. “No
se trata de aumentar la eficiencia en una entidad u otra o crear mecanismos de
coordinación, cosa que el gobierno ha hecho sin los resultados esperados. Se
requiere un nuevo esquema institucional que permita acelerar estos procesos”.
“Es imperativo
divulgar, informar y concientizar a las comunidades acerca de la importancia y
los beneficios de los proyectos energéticos. No tener energía es muy costoso
para la sociedad y para el país. Los impactos se pueden mitigar con eficiencia,
celeridad y responsabilidad”, recalcó.
El proyecto Nueva
Esperanza, cuyo objetivo es atender el crecimiento de la demanda de energía en
Bogotá, mejorar la confiabilidad y evitar riesgos de apagón en la capital del
país, debió entrar a operar en el 2012, pero hoy tiene serios retrasos, indicó.
“Los plazos de
ejecución definidos para el proyecto, no tuvieron en cuenta los tiempos reales
para trámites de licenciamiento ambiental, los procesos de socialización y
participación de comunidades y actores locales, impactando su actual
desarrollo”, explicó el dirigente gremial.
Así mismo, el proyecto
de Porce IV sigue suspendido desde el 2010, el cual está proyectado para que
entre en operación el próximo año.
“Como consecuencia de
estos retrasos el país no cuenta con 400 megavatios de energía, con costos
relativamente bajos, se dejaron de generar más de 5 mil empleos, se dejó de
invertir más de mil millones de dólares y la región dejó de beneficiarse con
proyectos de vivienda, salud y educación” aseveró el directivo.