Con este último fallo,
el número de derechos de restitución que se han logrado restablecer en el Meta,
gracias a la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras, asciende a 71.
En esta ocasión, la familia beneficiada es la
de un líder comunitario, hoy presidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda Alto Tillavá, que, junto a su familia, resultó víctima de la guerrilla
de las Farc-EP hacia el año 2006.
Rafael*, desde hace más de diez años decidió
empezar a trabajar por la comunidad de Alto Tillavá. Sus labores sociales, desempeñadas
a través de la junta de acción comunal, eran alternadas con la pesca, actividad
que acostumbraba a desarrollar a las orillas del río Tillavá. En el predio, en
el que vivía con su compañera y sus dos hijas, se dedicaban a la explotación de
cultivos de frutas, plátano y yuca, así como a la ganadería. Para el año 2003,
época en la inició la ocupación de un terreno de 74 hectáreas, las disputas
territoriales entre la guerrilla y los paramilitares se habían convertido en el
pan de cada día. Esto, debido a que, para la época, Alto Tillavá seguía
constituyéndose como una amplia zona cocalera en el departamento. Fue
precisamente, en medio de aquellas pugnas, cuando este campesino y su familia
fueron trágicamente victimizados.Ya la inspección de Alto Tillavá, tiempo
atrás, había sufrido en tres de sus caseríos incursiones paramilitares que
dejaron un amplio número de pobladores desplazados. A Rafael*, el turno le
llegó en el 2006. Sus constantes acercamientos al río debido a la práctica de
la pesca, despertaron en la guerrilla sospechas injustificadas. El solicitante fue
tachado de ser colaborador del grupo paramilitar que frecuentaba en esa parte
de la vereda, razón por la cual fue citado por las Farc-EP para advertirle que
debía abstenerse de realizar sus actividades. Así las cosas, y con serias
amenazas encima, Rafael* saldría desplazado hacia San José del Guaviare,
mientras que su compañera e hijas no tuvieron más salida que ir a Villavicencio.
Hoy, años después de
esa pesadilla, este líder comunitario y su familia son testigos de cómo la
justicia vuelve al campo llanero. Ahora, de la mano de la Unidad de Restitución,
podrán acceder a mecanismos reparativos como proyectos productivos, alivio de
pasivos, subsidio de salud y vivienda rural.
De esta sentencia, es
necesario destacar la decisión del juez sobre la titulación, ordenando al
Incoder que el predio sea adjudicado tanto al solicitante como a su compañera
permanente. A través de esta acción, también se reivindica el derecho a la propiedad,
a la tierra y a la reintegración económica por parte de la mujer en la actividad
agrícola y la economía campesina.