D Semana...
La Procuraduría le
formuló pliego de cargos al exmagistrado por, presuntamente, instigar
declaraciones de exparamilitares.
El exmagistrado ahora pasará a ser investigado
disciplinariamente por el Ministerio Público. Foto: Archivo SEMANA
La vida da muchas
vueltas. Hace pocos días la Procuraduría destituyó e inhabilitó los a cuatro
funcionarios que osaron interceptar el teléfono del exmagistrado auxiliar de la
Corte Suprema Iván Velásquez, quien lideró los procesos por ‘parapolitica’.
Sin embargo, unas son
de cal y otras de arena porque este lunes se dio a conocer que la Procuraduría
formuló pliego de cargos contra el propio Iván Velásquez. No por el tema de la
‘chuzadas’, sino para establecer si él, durante su paso por el alto tribunal,
incurrió en posibles irregularidades en algunos procesos contra excongresistas
investigados por vínculos con paramilitares.
El órgano de control
busca establecer si, como está planteado en las informaciones allegadas a la
Procuraduría por parte de exparamilitares, el exmagistrado presionó a los
declarantes para que actuaran en contra de los exparlamentarios. Eso, durante
sus viajes a distintas zonas del país donde recibió decenas de declaraciones de
estos excombatientes.
La Procuraduría
notificará en los próximos días por edicto al exmagistrado, un hombre al que le
reconocen su entereza para coordinar una de las investigaciones más impactantes
de la última década en Colombia como fue la ‘parapolítica’. Pero además se
trata de un exservidor judicial que fue perseguido por miembros de algunas
agencias que interceptaron sus comunicaciones y le hicieron seguimientos a su
familia.
Precisamente, el
Ministerio Público destituyó por 15 años del intendente Ferney Enrique Galvis
Rojas, funcionario investigador del Área Antisecuestro del Gaula-Fusagasugá
(Cundinamarca); al investigador del CTI de la Fiscalía General de la Nación
Aldo Francisco Pérez Yosa, y a Oswaldo Villamil Torralba, centinela de la
guardia del Departamento de Policía de Cundinamarca.
También destituyó e
inhabilidad por 12 años de Edwin Nicolás Acuña Chitiva, adscrito al Gaula de la
Policía Nacional como analista en la Sala Escarlata Puma en la Dijín. Se trata
de una sala de interceptaciones legales desde donde le hicieron seguimiento al
magistrado Velásquez.
Esta investigación se
inició cuando Acuña decidió denunciar ante el director del Gaula que "el
agente Villamil Torralba lo abordó para que con la ayuda y participación del
intendente Galvis Rojas les colaborara facilitando el control de la línea
celular del magistrado Iván Velásquez”.
Acuña entonces no dudó
en intervenir y controlar de la línea telefónica de Velásquez, a cambio del
pago de dinero por parte del agente Villamil Torralba y el intendente Galvis
Rojas.