D el Espectador
El
Espectador conoció un documento de 109 páginas en el que capos de la talla de
Daniel el ‘Loco’ Barrera, los hermanos ‘Comba’ y ‘Diego Rastrojo’ propusieron
hace tres años entregar sus estructuras y someterse a la justicia a cambio de
la no extradición. ‘Comba’ declaró que se le entregaron US$12 millones al
asesor del presidente, J. J. Rendón.
Por: Juan David Laverde
Palma
La
oferta secreta de los narcos para entregarse
El
pasado 10 de diciembre, ante una fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio,
Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos Comba, confesó desde Estados
Unidos que entre 2010 y 2011 él y otros capos del narcotráfico, como Diego
Rastrojo, Cuchillo y el Loco Barrera, adelantaron aproximaciones con el
gobierno de Juan Manuel Santos para desarmar sus ejércitos y acabar con el
narcotráfico en el país. La propuesta fue remitida a través de un documento con
las huellas de los mafiosos y un video, pero finalmente no cuajó porque, según Comba,
se exigió un acompañamiento del gobierno americano que nunca llegó y “el
Gobierno colombiano dilató el proyecto y empezaron a capturar a mi gente; al
ver que pasaba el tiempo y no sucedía nada tomo la decisión con el gobierno
americano y me entrego”.
Lo
grave de su declaración, conocida por El Espectador, es que Comba sostuvo que a
J. J. Rendón, hoy asesor del presidente Juan Manuel Santos, estos narcos le
entregaron US$12 millones para que desarrollara la fórmula de esta propuesta de
sometimiento a la justicia y se la transmitiera al jefe de Estado. Consultado
por este diario, Rendón desmintió la entrega de cualquier dinero, pidió a la
Fiscalía ser investigado y recalcó que por su cercanía con el presidente Santos
en 2011 unos abogados, que representaban a estos capos, le pidieron que
sirviera como puente para hacerle conocer al alto gobierno una propuesta para
desmovilizarse, entregar sus rutas y buscar salidas alternativas para ellos.
Rendón aseguró que simplemente ofició como un canal para llevar esa
correspondencia y que él mismo la entregó a la Fiscalía para su análisis.
“Ahí
no hubo nada escondido. Todo quedó sobre la mesa. No estoy ni en licitaciones
ni en componendas, y el que tenga algo concreto que denunciar que lo haga, pero
con pruebas, no con chismes. Hubo una gestión. Me reuní con el presidente, le
entregué eso y me fui. El presidente dijo que la Fiscalía se encargaría de eso.
Esta denuncia parece otro complot en mi contra. Que abran una investigación y
que prueben eso que dicen”, explicó Rendón. Su abogado Abelardo de la Espriella
manifestó: “Le sugerí antes que nada poner el asunto en conocimiento del
presidente y la entonces fiscal (Viviane Morales). Ambos funcionarios sabían de
los acercamientos de J. J., que tenían como único propósito la entrega de un
grupo significativo de narcotraficantes y generar un hecho político favorable
al Gobierno. Entiendo que jamás se ventilaron acuerdos económicos, pero como
apoderado de Rendón solicitaré una investigación para que la Fiscalía
establezca el papel de mi representado en este bochornoso asunto”.
El
Espectador investigó este asunto y accedió a un extenso documento de 109
páginas titulado “Agenda para solucionar el problema del narcotráfico y la
violencia que genera”, elaborado en junio de 2011, en el que se establecía que
J. J. Rendón oficiaba como estratega general de esta propuesta, que tenía como
facilitadores al exguerrillero del Eln Francisco Galán y Jorge Castañeda; y
como mediadores a los abogados José Ignacio Londoño y José Mira. Varias fuentes
consultadas por este diario confirmaron que este proyecto fue conocido por el
alto gobierno, la exfiscal Morales, la dirección de la Policía, funcionarios de
la Embajada de Estados Unidos, los intermediarios del proceso y el presidente
Santos. En esencia, el documento es un completo abecé del plan para que el 90%
de las cabezas del narcotráfico y sus hombres abandonaran el negocio a cambio
de la no extradición y la exclusión de sus familias de procesos penales.
El
proyecto comenzaba así: “Al cumplirse los primeros 10 meses del nuevo gobierno,
la sociedad colombiana tiene altas expectativas en torno a su futuro, y uno de
sus anhelos más reiterados durante décadas es que se puede erradicar de manera
definitiva el problema del narcotráfico y la violencia que genera. Las
condiciones nacionales e internacionales son idóneas para desarrollar una
agenda de solución al problema del narcotráfico, con alcances no sólo en el
país, sino en la región y en todo el hemisferio occidental”. En las primeras
páginas de esta propuesta de sometimiento se comparan otros procesos de
negociación, como los ocurridos con el capo Pablo Escobar, los narcos Henry
Loaiza, alias El Alacrán; Víctor Patiño Fómeque; Juan Carlos Ramírez, alias
Chupeta; el propio proceso con las autodefensas en Santa Fe de Ralito, y la
entrega del jefe de la Oficina de Envigado, Carlos Mario Aguilar, alias
Rogelio, a la justicia de Estados Unidos.
Al
revisar este cuadro comparativo se evaluaron si en esos procesos hubo aval de
Estados Unidos, normas o leyes especiales, cuáles fueron los compromisos de los
gobiernos de entonces, la entrega de las estructuras, rutas, armas, tierras,
bienes y dinero de los ilegales y dónde cumplieron su pena. A renglón seguido
se resalta en el documento que para la seguridad de las partes se debía crear
un mecanismo de verificación que no descartaba veedores internacionales y un
compromiso inamovible: no volver a delinquir. El proceso estaría sustentado en
cinco premisas. La primera era que como resultado “de la fuerza disuasiva del
Estado” estos actores debían desmontar el narcotráfico y sus estructuras, y
entregarle al Estado toda la información sobre cultivos, laboratorios,
informantes, enlaces con el Estado y toda la cadena del negocio. La segunda
premisa era dejar sin su principal combustible a la violencia que generan “las
guerrillas y las bacrim, así como las bandas y los combos en las ciudades”.
El
tercer pilar señalaba que la entrega de miles de hectáreas de tierra por parte
de estos capos le serviría al Estado para financiar proyectos productivos en
las zonas de desarticulación de esta actividad ilegal. En ese contexto, el
cuarto punto analizaba el impacto global en el mercado de drogas en
Norteamérica y otros destinos de consumo. La última premisa concluía que era
quizás esta negociación la última oportunidad para alcanzar la paz con estos
actores del conflicto. En esta bitácora de aproximaciones aparece un documento
titulado “Iniciativa Punto Final”, elaborado en octubre de 2010, en el que los
capos firmantes señalaban su voluntad de contribuir a un proceso de
reconciliación nacional, conscientes de que el narcotráfico “constituye un
negocio rentable, pero cada vez más riesgoso”, que “ha generado una cultura de
la violencia que ha dejado miles de muertes”.
En
el documento en poder de El Espectador se leen los cálculos estimados para
desmantelar sus organizaciones. Por ejemplo, los hermanos Comba y Diego
Rastrojo prometieron sacar del negocio a 3.000 de sus hombres; alias Sebastián
de la Oficina de Envigado, 2.000; los hermanos Úsuga, hoy jefes de los
Urabeños, le manifestaron al obispo de Montería su intención de someter a 1.000
de sus miembros, lo mismo hizo alias Valenciano, quien dijo estar en capacidad
de desmovilizar esa misma cantidad de hombres. Al final, Daniel el Loco Barrera
y Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, hablaron en conjunto de 1.200
integrantes. Lo curioso es que nunca se formalizó este proyecto de sometimiento
y todos estos capos terminaron capturados, extraditados o negociando su entrega
a Estados Unidos. En el documento se dejó constancia de que el narcotráfico se
había atomizado y la única salida colectiva para frenar su expansión era un
proceso así.
Tan
detallada era la propuesta, que había análisis sobre cómo se movían las mafias
del narcotráfico entre Urabá y Ecuador, las zonas de mayor riesgo y cultivos
ilícitos e ideas concretas para suspender el negocio por el Pacífico, que según
sus cuentas reduciría en un 60% las exportaciones de droga por esta zona; así
como el compromiso de desarticular los corredores de la guerrilla de las Farc,
la ubicación de sus cultivos e información sobre las rutas de salida de lanchas
rápidas, submarinos y barcos con coca. La propuesta para detener el tráfico en
el corredor entre Urabá y La Guajira, en donde hacen presencia los Urabeños,
los Rastrojos y los Paisas, era lograr la reducción de un 50% de la circulación
de la droga, al tiempo que se debían entregar datos confidenciales sobre los
patrocinadores y sus enlaces con la Fuerza Pública.
Más
adelante esta iniciativa aseguraba que los capos estaban en capacidad de
entregar bienes y empresas, nombres de proveedores, socios y recursos en
efectivo generados por esta actividad ilegal que serían puestos en custodia de
un delegado oficial del Gobierno. Con otra garantía: la elaboración de un censo
“de miembros directos e indirectos” de cada organización y bloquear cualquier
intento de disidencia entre sus hombres con el objetivo de que ninguno se
apoderara del negocio o se saliera del redil. En ese contexto se contempló la posibilidad
de invitar a otras organizaciones a someterse a este proceso de “cooperación
extraordinaria” sobre la base de dos condiciones: que el Estado retomara el
control de las regiones donde se desmontaría la actividad ilegal y el aval de
Estados Unidos y la comunidad internacional.
“Solicitamos
la suspensión temporal de órdenes de captura y de cualquier orden de
extradición con cualquier país con el que se tenga convenio, y solicitamos sus
buenos oficios (se refiere al Gobierno) para alcanzar cualquier otra
disposición que requiera el proceso para dar paso a los procedimientos que nos
permitan llegar a la conclusión de estos compromisos”, reza uno de los apartes
del documento. En el capítulo sobre el “Análisis de los actores” se especula
que en principio podrían convertirse en aliados o apoyar este proceso el
vicepresidente Angelino Garzón, dirigentes liberales de la talla de los
expresidentes César Gaviria o Ernesto Samper, el electo congresista Horacio
Serpa, el entonces ministro de Defensa Rodrigo Rivera, los congresistas Jesús
García, Mauricio Lizcano y Roy Barreras, representantes de la Iglesia como
Rubén Salazar y monseñor Julio César Vidal, y hasta el hoy alcalde de Bogotá,
Gustavo Petro. En ninguna parte se especifica que todas estas personas hubieran
sido consultadas para tal propósito.
En
contraste, se contemplaba que quienes se mostrarían en contra de esta apuesta
serían las Farc, los carteles mexicanos y los paramilitares desmovilizados que
seguramente “pedirían renegociación”. Se proyectaron cuatro fases del proceso.
La primera de exploración, en donde se concretaban manifestaciones voluntarias
y unilaterales de los capos a través de cartas y mensajes directos enviados a
monseñor Vidal y al jefe guerrillero Francisco Galán. La fase dos consistía en
una carta de intención formal de lo que ellos denominaron “Plan de sometimiento
y cooperación extraordinaria para el desmonte del narcotráfico en Colombia”. El
tercer paso era la apertura del proceso de diálogo directo y reservado, que
constaba de dos partes: la definición de un equipo mediador y de los
interlocutores del Estado, así como de la elaboración del censo de hombres en
armas, bienes y recursos dispuestos a entregar. A su turno debía estar lista
una solución jurídica definitiva con Estados Unidos y la Fiscalía, y unos
modelos socioeconómicos para erradicar el narcotráfico.
La
última fase consistía en desarrollar una agenda conjunta de conversaciones,
establecer tiempos y metodologías, definir unas rutas jurídicas y políticas, y
elaborar unos escenarios y planes de comunicación para hacerle oficial al país
estas negociaciones. Incluso se pensó en un Estado extranjero como Honduras
para facilitar estos encuentros y la posibilidad de otorgar visas, de ser
necesario, salvoconductos y autorizaciones, un grupo de seguridad y
acompañamientos de organismos como la ONU. El documento es concreto en la
obligación de los capos de ubicar caletas, acciones e inversiones en la bolsa y
en el extranjero, de entregar casas, edificios, terrenos y hasta obras de arte,
así como rutas y puntos de embarque, y un listado de sus colaboradores,
georreferenciación de cultivos ilícitos y puntos de venta. También se analizó
la posibilidad de que se acogieran a un principio de oportunidad para obtener
rebajas procesales.
Además,
se consideró el escenario de repatriar algunos extraditados a cambio de
información y desmonte de sus estructuras e incluso un período de gracia de 90
días, que podía ser anunciado por el Gobierno una vez se hicieran públicos
estos acercamientos, con el fin de atraer el mayor número de narcotraficantes a
este acuerdo. Fue tan milimétrica la propuesta, que se aventuraron escenarios
entre la semana uno y la semana 12, tiempo en el que calculaban que podrían
sacar esta iniciativa adelante. En la semana cinco, por ejemplo, se reseñaba
que debía haber un cabildeo con países vecinos, como México y Estados Unidos,
para “construir una alianza continental contra el narcotráfico”. En la semana
12 ya se habría anunciado un acuerdo de punto final, concretado la capitulación
de estas organizaciones y se daría inicio a la etapa del posconflicto.
Se
llegaron a considerar tres nombres de esta gigantesca operación que nunca se
concretó: ‘Operación Punto Final’, ‘Operación Torrente’ y ‘Operación Caída y
Mesa Limpia’. Y se definió que el gobierno Santos socializara esta iniciativa
con el Congreso y las altas cortes, que se concretara un acuerdo de protección
de testigos con Estados Unidos en Panamá y la eventual colaboración del
gobierno de Honduras para acompañar la negociación. Además se dejó claro que
cualquier filtración de este documento o las intimidades de estos posibles
acuerdos pondría en riesgo el proyecto. Sin embargo, éste jamás vio la luz, al
parecer como declaró Comba recientemente desde Estados Unidos, porque a los
americanos no les gustó la propuesta y el gobierno Santos dio la orden de
perseguirlos, capturarlos y extraditarlos, tal como ocurrió con la mayoría.
A
pesar de que J. J. Rendón le dijo a este diario que nada de secreto tenían
estas aproximaciones, lo cierto es que sólo hasta hoy el país se entera de la
propuesta en detalle que en el año 2011 le formalizaron los mayores capos de la
droga al gobierno de Juan Manuel Santos. En cambio, sí tomó forma el proceso de
paz con la guerrilla de las Farc. Justamente, hoy se discute en La Habana el
tercer punto de la agenda relacionado con el narcotráfico. Fuentes consultadas
por El Espectador aseguraron que se frustró este proyecto de sometimiento con
los barones de la droga por múltiples razones y confirmaron que J. J. Rendón sí
participó activamente en la gestación del plan. Él sostiene que ofició como un
simple mensajero y que poco se enteró de las minucias del proceso. Ahora deberá
responder a la acusación de que se le entregaron US$12 millones para cabildear
esta propuesta, un señalamiento que él redujo a un nuevo complot en su contra.