D Norbey Quevedo
Hernández.
El Espectador
En los próximos días la
Corte Suprema de Justicia se apresta a tomar nuevas decisiones dentro del
olvidado escándalo de la parapolítica. Se trata de una nueva fase de
determinaciones contra congresistas que habrían recibido la ayuda económica y
electoral del grupo armado ilegal y que hasta ahora habían pasado inadvertidas
para las autoridades. Uno de los primeros parlamentarios que ya está en la mira
del alto tribunal es el abogado José Rodolfo Pérez Suárez.
Se trata de un
representante a la Cámara por el Casanare, quien resultó electo en 2010 con la
segunda votación más alta de su departamento. Un resultado que ratificó en las
pasadas elecciones de marzo al resultar reelecto. Sin embargo, un reciente
testimonio de Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, en contra del
político, lo tiene contra las cuerdas en los estrados judiciales. No obstante,
el congresista Pérez dice tener pruebas con las que pretende demostrar que la
denuncia de Llanos y otros miembros de su organización obedece a una extorsión
de la que es víctima desde hace casi dos años.
Fue el pasado 4 de
abril cuando Martín Llanos dio, quizás, una de las declaraciones más esperadas
por las autoridades. La razón es que previamente se conoció que el exjefe
paramilitar iba a declarar en contra de al menos 50 civiles, militares y
congresistas con el compromiso de que el Gobierno lo incluyera en la Ley de
Justicia y Paz, que ofrece beneficios legales a los desmovilizados.
Llanos relató que su
organización fue creada por su padre Héctor José Buitrago —hoy en prisión— en
1981 como un movimiento de carácter político-campesino en respuesta a las Farc
y Eln, que llegaron a Monterrey (Casanare) y atentaron contra su progenitor y
sus propiedades. En 1988 el exjefe paramilitar se vinculó al movimiento como
director político manejando comunidades y a líderes políticos en los
departamentos de Casanare, Boyacá y Meta. “Tuvimos estrecha relación con la mayoría de los
candidatos que ocuparon diferentes cargos, como concejos, alcaldías,
gobernaciones y asambleas”, puntualizó.
En 2002 la organización
paramilitar no aceptó la invitación de los hermanos Vicente y Carlos Castaño
para formar parte de la mesa de negociación de Santa Fe de Ralito, lo cual
derivó en un enfrentamiento que dejó decenas de víctimas. Martín Llanos perdió
esa guerra y huyó a Venezuela. Pero en febrero de 2012 fue capturado y hoy está
recluido en la cárcel La Picota.
En el interrogatorio,
Llanos precisó que primero conoció al exgobernador de Casanare Miguel Ángel
Pérez y que lo financiaron tanto en la primera como en la segunda campaña en
que logró su elección. Por estos hechos, el exmandatario fue condenado. Y
detalló que la persona que coordinaba las entregas de dineros fue el hermano
José Rodolfo Pérez, hoy congresista de la República. Según el exjefe
paramilitar, le entregaron a Pérez $2.000 millones para las campañas. “Era un
enlace con el candidato gobernador que estaba en campaña. Los beneficios eran
mutuos, ellos recibían votos y nosotros recibíamos contratos”.
Luego de una hora y
diez minutos de declaración ante el magistrado auxiliar Raúl Gutiérrez, el
exjefe paramilitar Martín Llanos concluyó que ampliaría su declaración para
denunciar delitos de sangre y que solicitaría una reunión con el presidente de
la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que se negó tajantemente a responder
las inquietudes de la defensa del congresista José Rodolfo Pérez.
Ante las graves
sindicaciones de Llanos, los abogados de Pérez radicaron un documento ante la
Corte Suprema de Justicia en donde solicitaron la práctica de pruebas e
informaron que el exjefe paramilitar tiene varias investigaciones en su contra
por el delito de extorsión. “Las declaraciones mentirosas y ajenas a la realidad,
rendidas por alías Martín Llanos, tienen como génesis la negativa de mi
prohijado a entregarles dinero a los convictos paramilitares”, reseña el
documento entregado a los magistrados de la Sala Penal.
Una de las extorsiones
a Pérez fue denunciada ante la Fiscalía General el 30 de julio de 2012. Según
el texto radicado, un hombre conocido como Dúmar, en Yopal, se presentó como
allegado de Martín Llanos y a través de José Hernán Niño y Marco Tulio Ruiz,
amigos del congresista, a quienes les expresó que era enviado del paramilitar
con el fin de que le ayudaran: “Ya que necesitaba ayuda económica o si no que
me atuviera a las consecuencias”.
En otra comunicación,
de marzo de 2011, dirigida a la entonces fiscal Viviane Morales, el congresista
Pérez denunció ser víctima del delito de amenazas personales. Según el
denunciante, producto de divulgar los manejos presupuestales y contractuales
dudosos que el entonces gobernador Óscar Raúl Iván Flórez estaba haciendo: “He
tenido conocimiento de que las personas que he denunciado estarían fraguando un
plan para atentar contra mi integridad física y moral, para lo cual se harían
valer de personas que pertenecieron a grupos armados ilegales y que hoy se
encuentran desmovilizados, tal vez en procesos que se adelantan en la Unidad
Nacional para la Justicia y la Paz”.
Una tercera denuncia,
radicada el pasado 2 de abril ante el despacho del fiscal general, Eduardo
Montealegre, nuevamente el congresista Pérez indica que es víctima de extorsión
agravada. Precisa que el 20 de agosto de 2013 llegó una carta del interno
Milton Hidalgo, recluido en la cárcel de Espinal (Tolima), en donde le pide que
se comunique para que supiera asuntos que se había abstenido de contarle a la
Fiscalía. También varios mensajes de texto con las frases: “Señor
representante, necesitamos billete o contamos, no se haga el marica, le dañamos
su carrera política”. “No haga que contemos, colabore”.
Registros oficiales del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dan cuenta que Milton
Hidalgo era conocido en las autodefensas con el alias de El Pájaro. Según su
propio testimonio, expresado en una de las amenazas, informó que fue el jefe de
seguridad de Martín Llanos en los años 2001 y 2002.
Igualmente, el 29 de
noviembre de 2013 denunció el congresista Pérez que recibió en su residencia,
ubicada en el norte de Bogotá, un sufragio con la expresión: “Señor
representante a la Cámara doctor Rodolfo Pérez, alias El Negro Pérez, llevamos
bastante tiempo pidiéndole que me atienda por las cosas que conozco de uste,
aquí le enbiamos un detalle para que uste se de cuenta que su muerte política
va a comenzar si no colabora económicamente comensaremos a decir a la luz
pública lo que sabemos de uste. Cordialmente, exmiembro del departamento del
Casanare ACC”.
En la denuncia radicada
ante el fiscal, el congresista también describe los mensajes de texto que
recibió en su teléfono celular el 2 de diciembre de 2013. “Ojo dr con nosotros
no se juega vamos a decir todo”. “No estamos jugando las cosas son en serio su
carrera política está en juego”. “Recuerde ya no es en juego la cosa política
se le va a acabar”. “La cuota es de 500000000 quinientos millones”. Por estos
hechos, el parlamentario Pérez presentó la denuncia penal en contra de persona
indeterminada por el delito de extorsión agravada.
Dentro del proceso de
verificación de las amenazas en el caso se obtuvo un dictamen forense del
teléfono del congresista. Según los resultados del trabajo, elaborado por la
Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, el grupo de analistas
especiales encontraron que al usar el equipo forense Ufed Ultimate con el
aplicativo Physical Analizer se detectaron 259 mensajes de texto de los cuales
25 tenían contenidos derivados de las amenazas. Fueron recibidos entre el 10 de
octubre y el 9 de diciembre de 2013.
El acervo probatorio
con el que el congresista José Rodolfo Pérez quiere demostrar su inocencia y
que las declaraciones de Martín Llanos son una retaliación por no girarle
millonarios recursos es amplio. Informes forenses, cartas a los organismos de
la justicia, archivo de denuncias, un video en donde un individuo deja un
sufragio en su apartamento en Bogotá, sobres con amenazas, estudios
grafológicos, fotografías de miembros de las autodefensas, análisis detallado
en varios planos de los mensajes del sufragio e informes sobre los procesos
vigentes en contra de alias Martín Llanos.
El exjefe paramilitar
riposta en su declaración más reciente. Insiste en que va a prender el
ventilador de nuevo y afirma que para seguir en el trámite de la ampliación de
su declaración depende de lo que hable con el presidente de la Corte Suprema de
Justicia. Cuando el magistrado auxiliar le insistió en si el congresista José
Rodolfo Pérez Suárez hacía parte de esos grupos, respondió: “Sí señor, sí hacía
parte, junto con su hermano, y recibieron fondos de la estructura del
movimiento para sus campañas políticas y recibieron los votos que la
organización tenía en los departamentos para ser elegidos”.
Son las dos caras de la
moneda que echaron al aire el congresista Pérez y el exparamilitar Llanos. En
pocos días la Corte Suprema determinará si se trata de un caso de extorsión por
parte de los miembros de las extintas autodefensas o si por el contrario un
parlamentario del Casanare hizo parte de un grupo que ganó elecciones por la gestión
de los paramilitares.