RCN
La Corte Constitucional
advierte que el tema central que se debatirá dentro del Marco Jurídico para la
Paz será el de aprobar o no la participación en política de miembros de grupos
al margen de la ley.
Lo que se ha conocido
es que este próximo martes 27 de mayo se desarrollará la audiencia pública
sobre este tema, en la que los magistrados del Alto Tribunal escucharán a las
partes, entre Gobierno, académicos, Ong’s y representantes de los ciudadanos
para tomar las argumentaciones que existen frente a la participación en
política de grupos al margen de la ley.
Una vez concluya la
audiencia pública, el magistrado ponente Alberto Rojas, deberá construir su
argumentación para presentar la ponencia el próximo 27 de junio; posteriormente
la Sala Plena de la Corte Constitucional debatirá el contenido de este
documento y el 23 de julio se conocerá la decisión definitiva en este punto, ya
que el 24 de julio vencen los términos para que el Alto Tribunal emita su
fallo.
Uno de los puntos de
discusión en esta materia está relacionado con determinar si deben ser
considerados conexos los delitos de lesa humanidad que han sido cometidos de
manera sistemática.
No obstante, la
audiencia pública del 27 de mayo, será decisiva para que el magistrado Rojas
presente su ponencia porque es allí en donde se escucharán las voces de quienes
han estado a favor y en contra de este tema.
En esta audiencia
participará, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez; el presidente del
Congreso; Juan Fernando Cristo; el procurador general de la Nación, Alejandro
Ordóñez; el fiscal general Eduardo Montealegre; el defensor del Pueblo, Jorge
Armando Otálora; el representare de la Mesa Nacional de Victimas, Jorge
Vásquez; la directora de la Oficina de Colombia del Centro Internacional para
la Justicia Transicional, María Camila Moreno entre otros representantes de la
ciudadanía.
Este punto central que
tendrá en sus manos la Corte Constitucional, será considerado el de mayor
trascendencia, puesto que la participación en política de grupos al margen de
la ley, fue aprobada en los diálogos de la Habana; además sería uno de los factores
determinantes para el proceso de paz que Colombia está adelantando con la
guerrilla de las Farc.