Una pena de doce años de cárcel deberán cumplir Luz Marina Rodríguez Cárdenas, exdirectora general operativa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y Bernardo Murillo Cajamarca, supervisor del Grupo Anticorrupción de la misma entidad, por las investigaciones ilícitas que dicha entidad efectuó contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La determinación del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó parcialmente la sentencia de primera instancia emitida el 8 de julio de 2012 por el Juzgado Catorce Penal del circuito de Bogotá. Además, se les impuso una multa de 172,61 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En la providencia de revocada parcialmente se había condenado a los dos exfuncionarios a prisión domiciliaria por prevaricato por acción, pero el juez los absolvió por los delitos de concierto para delinquir y abuso de función pública.
Los dos condenados hicieron parte del DAS en el lapso 2005-2009 y en tal período “realizaron en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y congresistas acciones sistemáticas de inteligencia estatal por fuera del ámbito legal al consideralos blancos políticos”, reseña la sentencia del Tribunal.
Asimismo, en dichos actos, dice la providencia, se pretendió demostrar la vinculación de ciertos magistrados con personas al margen de la ley y del narcotráfico a través de lo que se denominó indagación ilícita denominada paseos I, II y III del Grupo de Observación Nacional e Internacional (GONI) con motivo de un evento social los días 9 y 10 de junio de 2006 en Neiva con ocasión de la designación del magistrado Yesid Ramírez Bastidas como presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En la providencia se resalta también que a finales del 2007, en otras dependencias del DAS se verificaron “algunos aspectos” relacionados con el viaje de los magistrados a Neiva como en las aerolíneas nacionales, hoteles, viajes al exterior, entre otros. Se violaron los límites legales funcionales del DAS y la UIAF al no haber autorización reglamentaria pertinente, explica la sentencia.
Los funcionarios del DAS también efectuaron diligencias de investigación en bases de datos reservadas sobre transacciones bancarias,actos notariales, salud, compraventa de vehículos y bienes usando la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
En la determinación, también se le ordenó al Inpec que traslade a los sentenciados a centros de reclusión apropiados para que cumplan su pena..