Mediante una recusación
a siete magistrados logró dilatar el inicio de su juicio por parapolítica.
SEMANA.
Los conocedores del
derecho señalan que toda norma es susceptible de interpretación. Con ese
argumento la artillería jurídica de la exsenadora Piedad Zuccardi logró una
primera victoria en su batalla por demostrar su inocencia respecto a los nexos
con grupos paramilitares ante la Corte Suprema.
Mediante una recusación
a siete de los nueve magistrados que conocen su caso logró frenar el inicio del
juicio el cual parecía inevitable para los integrantes de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
En el documento de 20
páginas radicado horas antes de la audiencia por el abogado William Adán
Rodríguez, quien defiende los intereses de Zuccardi, se lee que los magistrados
incurrieron en un prejuzgamiento en la resolución de acusación emitida contra
la congresista.
En el texto se pide que
se aparten del conocimiento del caso los magistrados, José Leonidas Bustos
Martínez, Fernando Alberto Castro Caballero, Eugenio Fernández Carlier, María
del Rosario González Muñoz, Gustavo Enrique Malo Fernández, Luis Guillermo
Salazar Otero y José Luis Barceló Camacho.
Ante esto solicita el
nombramiento de conjueces, quienes tendrían que resolver las acciones de
nulidad presentadas por la defensa de Zuccardi argumentando violación al debido
proceso a la defensa, a tener un juez imparcial y contradicción.
El recurso señala de
manera explícita el supuesto impedimento de los magistrados“(…) pensar o
sospechar siquiera, que quienes suscribieron la resolución de acusación no
plasmaron su criterio allí, sí que sería una absoluta falta de respeto contra
la dignidad de la magistratura”.
Para la defensa de
Zuccardi es claro “que cada uno de los magistrados la providencia debe expresar
el por qué no está afectada su imparcialidad e independencia”.
A esta mujer de origen
caribe se le señala por el delito de concierto para delinquir agravado por sus
presuntos nexos con grupos paramilitares. Esto
le habría ayudado a llegar al Congreso con una alta votación.
La exsenadora Zuccardi
lleva 14 meses privada de la libertad en el Centro de Estudios de la Policía
Nacional (Cespo).