A través de la Comisión
Nacional de Control y Asuntos Electorales, el máximo organismo del Ministerio
Público anunció hoy las acciones disciplinarias que adelanta frente a las
recientes y numerosas quejas presentadas por diferentes actores sobre presuntas
irregularidades relacionadas con la actual contienda electoral por la
presidencia de la República.
Traslado de quejas a la
Comisión de Acusaciones
Por ser de su
competencia, la Procuraduría General de la Nación impartió traslado a la
Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de las quejas
presentadas para que se investigue al señor presidente de la República, Juan
Manuel Santos Calderón, por tres casos específicos:
1. Presuntamente favorecer su campaña
electoral con motivo de sus desplazamientos como candidato a la reelección
presidencial, de manera directa o a través de funcionarios de su Gobierno,
utilizando su condición de mandatario para reunirse con autoridades locales y
departamentales (alcaldes, secretarios de Despacho), al parecer con el fin de
capitalizarlos y asegurar el apoyo a su campaña a cambio de partidas
presupuestales para el desarrollo regional.
2. Presunto manejo irregular del presupuesto y
utilización de la nómina oficial de entidades del orden central y
descentralizado, con el fin de favorecer su campaña reeleccionista a la
Presidencia de la República.
3. Presunto tráfico de influencias y desvío de
poder en diversos nombramientos efectuados durante los años 2010 y 2011 en
entidades del orden nacional y descentralizado.Indagaciones preliminares contra
servidores públicos.
La Procuraduría General de la Nación abrió
indagación preliminar contra congresistas de la República por presuntamente
influir en el manejo irregular del presupuesto y la contratación de la nómina
oficial del Gobierno Nacional, tanto en años anteriores como en el presente, en
apoyo a la campaña electoral que adelanta el presidente de la República.
Apertura de indagación preliminar al
gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, por presunta
intervención indebida en política con el fin, al parecer, de adquirir
compromisos de apoyo en favor de campañas políticas al Congreso y la
Presidencia de la República.
Apertura de indagación preliminar a los
alcaldes de los siguientes municipios del departamento de Antioquia: Apartadó,
Chigorodó, Necoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Carepa,
así como también respecto de otros funcionarios del orden local de dichos
municipios, por sostener, presuntamente, reuniones político-electorales con
miembros de una de las campañas a la Presidencia de la República y al parecer
con el señor Augusto Posada, de quien se afirma es el gerente de campaña del
presidente-candidato Juan Manuel Santos Calderón; citas que, al parecer, tenían
como objeto conseguir el apoyo a dicha opción electoral para las votaciones del
próximo 25 de mayo, a cambio de prebendas.
Evaluación de
información previa a posibles actuaciones disciplinarias
- El procurador general de la Nación,
Alejandro Ordóñez Maldonado, ordenó a las procuradurías delegadas para la
Economía y Hacienda Pública, Contratación Estatal y la Auxiliar Disciplinaria,
evaluar las denuncias y realizar averiguaciones con el fin de abrir,
eventualmente, las investigaciones que correspondan contra autoridades del
orden nacional, miembros del Congreso de la República, gobernadores y alcaldes,
para determinar si han existido irregularidades tanto en la asignación como en
la ejecución de las partidas presupuestales para el desarrollo regional.
Cabe precisar que las
partidas presupuestales para el desarrollo regional, contempladas en los
numerales 1º y 2º de la Ley 628 de 2000, ajustadas al texto constitucional
mediante Sentencia C-1168 de 2001, pueden provenir de peticiones propias de los
integrantes del legislativo, pero bajo el entendido de que su ejecución está
supeditada a la observancia de los principios de planeación y legalidad del
gasto público, así como también a la contribución de las mismas para desarrollo
armónico de las regiones mediante la distribución equitativa de los recursos
destinados, lo cual significa que su utilización no puede constituirse como
instrumentos de desvío de poder.
La Procuraduría General
de la Nación formula un llamado a las autoridades y a la ciudadanía en general,
para que ejerzan sus respectivos controles a efectos de evitar la indebida
utilización de estos recursos y que no se conviertan en cuotas de negociación
con fines políticos, sino que cumplan con su verdadero objetivo de cubrir
necesidades insatisfechas de las poblaciones. Las partidas presupuestales para
el desarrollo regional no se pueden utilizar o instrumentalizar para la corrupción.