Montealegre dice que esto podría aplicarse como parte de la
justicia transicional en posconflicto.
Un nuevo frente de
debate se abrió este martes a causa de dos propuestas que lanzó el fiscal
general, Eduardo Montealegre, para aplicar modelos de justicia transicional a
los guerrilleros que dejen las armas y a los miembros de la Fuerza Pública que
hayan cometido delitos graves en el marco del conflicto armado.
Por un lado abrió la
discusión con la posibilidad de que los jefes de los grupos insurgentes –en
este caso se refirió a los de las Farc que realizan diálogos con el Gobierno en
Cuba– sean condenados por sus crímenes, pero que no vayan a la cárcel sino que
se les apliquen penas alternativas. Habló concretamente de trabajo social.
El planteamiento del
Fiscal va encaminado a que en Colombia se pueda aplicar el “modelo de justicia
restaurativa”, que se consagró en el marco jurídico para la paz. (Lea aquí:
'Sin verdad no puede haber justicia y reparación')
“Todos los delitos que
impliquen graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de guerra y
los delitos de lesa humanidad, que serían de competencia de la Corte Penal
Internacional, tienen que ser investigados por la justicia penal”, enfatizó
Montealegre.
Lo polémico sería la
forma de aplicar esa pena. Para Montealegre, que participó este martes en el
debate ‘Víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación’ –el
primero de una serie de cuatro que liderará EL TIEMPO Casa Editorial sobre los
temas cruciales del proceso de paz–, el sistema judicial colombiano debe emitir
las penas a las que haya lugar.
Sin embargo, agregó, la
sociedad debería aceptar la posibilidad de sustituir la forma de pagarlas. “Una
vez que se hayan producido las sentencias correspondientes podríamos hablar de
penas alternativas a la pena de prisión”, enfatizó Montealegre, y añadió que,
por ejemplo, está el “trabajo social comunitario, la participación de los
máximos responsables en programas de restablecimiento social, como el desminado,
y que contribuyen a desmontar las estructuras de guerra, y un gran trabajo de
acercamiento entre víctima y victimario a través de trabajo social”.
Esto se traduce en que
los máximos jefes de las Farc, que en distintos escenarios han hecho saber que
no están dispuestos a pagar cárcel, no tendrían que ir a prisión sino que, por
el contrario, podrían sustituir su pena por otra serie de actividades,
contempladas en un marco de justicia transicional
De hecho, el
funcionario recordó, en el caso de los guerrilleros, que “si la condena es por
crímenes de guerra, eso no impide la participación en política