En la acción se pide el testimonio del fiscal General,
Eduardo Montealegre y Carlos Palacino.
Elespectador.
Ante el Consejo de
Estado fue radicada una demanda de pérdida de investidura contra el
representante a la Cámara por el departamento de Santander, Holger Horacio Díaz
Hernández por presuntamente haber recibido comisiones del Grupo SaludCoop para
beneficiarlos con los trámites de reforma a la salud en el Congreso de la
República.
Según la demanda con
este pago de comisiones se garantizó que el representante omitiera el ejercicio
parlamentario y el control sobre lo que se denominó el ‘cartel de la salud’ el
cual estaría liderado por el denominado Grupo SaludCoop el cual enfrenta varias
investigaciones fiscales, disciplinarias y penales por el uso inadecuado de
recursos.
En la acción presentada
por la Red de Veedurías Ciudadanas se indica que el congresista habría
incurrido en un tráfico de influencias y conflicto de intereses puesto que su
esposa hacia parte de la regional Santander de SaludCoop y luego habría fungido
como contratista independiente de la EPS.
Para esto citó los
correos publicados en la columna de Daniel Coronell en la Revista Semana entre
el congresista y el entonces presidente del Grupo SaludCoop, Carlos Palacino
manifestándole que no había recibido los últimos dos pagos como
“contraprestación por la gestión en el trámite a la reforma a la salud”.
En los correos
revelados Hernández Díaz le presentó a Palacino un NIT para que le hiciera los
depósitos represados. Por esto se le solicitó a las autoridades financieras que
establezcan el desembolso a favor del representante a la Cámara teniendo en
cuenta las fechas en las que se hace referencia a los email revelados en la
columna.
“Empeñó e hipotecó la
gestión legislativa y de control política para ponérsela al servicio de Carlos
Palacino y el Grupo SaludCoop”, precisó el presidente de la Red de Veedurías
Ciudadanas, Pablo Bustos al indicar que solicitarán el testimonio de Palacino y
del fiscal General, Eduardo Montealegre quien fungió como representante legal
de dicho Grupo antes de ser elegido como jefe del ente investigador.
En este sentido aseguró
que Montealegre “sustentó” desde su cargo “las bases legales para la
integración vertical para que se utilizarán los recursos de la salud para otros
propósitos”, hecho por el cual presentó una denuncia ante la Comisión de
Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.
Bustos también
manifestó que el jefe del órgano persecutor del delito en Colombia se lucró con
las actividades ilegales adelantadas en el Grupo SaludCoop “obteniendo una
propiedad en Vila Valeria (…) Se benefició de manera personal, benefició a
terceros y tenía lazos familiares puesto que su esposa seguía en la junta
directiva de SaludCoop”.
Por estos hechos,
manifestó Bustos, la Fiscalía General no ha adelantado de manera efectiva las investigaciones
por el denominado ‘carrusel de la salud’ “lo que representa una abierta
impunidad” para establecer a los responsables de las irregularidades en el
manejo de los recursos de la salud.