El Espectador
Tras
una visita realizada por miembros de la Defensoría del Pueblo, luego del
incendio ocurrido el pasado 15 de junio en la Unidad de Tratamiento Especial
(UTE) de la cárcel El Bosque de Barranquilla, que dejó como saldo tres internos
muertos y tres con graves heridas, la entidad identificó diversas falencias
tanto en ese establecimiento carcelario como en la cárcel La Modelo que afectan
directamente en los derechos de los reclusos, especialmente de aquellos que
presentan enfermedades mentales.
En
el caso de El Bosque, según la Defensoría existen fallas en los sistemas de
iluminación y ventilación, deficiencias en el servicio de agua potable, techos
y pisos deteriorados, e incluso, un brote de infección en la piel conocido como
escabiosis, la cual tendría su origen en un ácaro presenta en las colchonetas.
Igualmente, la situación de hacinamiento es grave, pues en mayo alcanzó el 164%
y para junio, al momento de la conflagración, era del 115 por ciento.
En
el caso de la UTE de la cárcel Modelo, donde se presentó una tragedia el pasado
27 de enero, dejando 17 muertos y 29 heridos, las condiciones de
infraestructura son similares puesto que no hay sanitarios, la luz es escasa,
los pisos están dañados y las instalaciones en general carecen de
mantenimiento.
A
ese panorama, se le suman los indicios de rituales satánicos al interior de las
celdas, capacitadas para una persona pero que debido al hacinamiento, son
ocupadas hasta por ocho personas. Dibujos aparentemente hechos con sangre de
los mismos reclusos, quienes incluso mostraron las huellas de los cortes que
ellos mismos se producen en medio de estas prácticas, generalmente violentas.
De acuerdo con los testimonios recopilados durante la visita, la conflagración
se habría generado con ocasión de la aparente pérdida de unos estupefacientes,
situación que derivó en una riña acompañada por el peligroso ritual.
Frente
a esto, vale la pena indicar que los funcionarios de la Defensoría concluyeron
que dentro del lugar hay un alto consumo de alucinógenos, circunstancia que se
suma a los problemas mentales de algunos reclusos, hechos que no cuentan con la
debida prevención y atención profesional.
En
consecuencia, la Defensoría solicitó con urgencia la atención necesaria por
parte del Gobierno a las 2.060 personas privadas de la libertad que, según
información del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) presentan
patologías mentales, para garantizar sus derechos.