Por: EFE
Organizaciones ambientales y pro derechos
humanos presentaron este miércoles en Berlín el informe "El lado oscuro
del carbón", que denuncia la relación entre los paramilitares colombianos
y las empresas mineras Prodeco y Drummond, proveedoras de países europeos.
Basándose en testimonios de excomandantes
paramilitares, contratistas y exempleados, la organización holandesa PAX,
encargada del estudio, aseguró que tanto Drummond, con base en Estados Unidos,
como Prodeco, subsidiaria de una empresa suiza, financiaron a los paramilitares
colombianos entre 1996 y 2006, durante los conflictos con la guerrilla.
"Las empresas mineras se han aprovechado
de esa cooperación hasta el día de hoy" y "los paramilitares han
expulsado a decenas de miles de habitantes de zonas concedidas a Drummond y
Prodeco para la explotación de carbón", relató Marianne Moor, de PAX, en
una rueda de prensa convocada por la organización medioambiental Urgewald y por
la asociación de derechos humanos Power Shift.
Drummond y Prodeco venden la mayor parte de su
producción (el 70% en 2013) a eléctricas europeas como E.ON, GDF Suez, EDF,
Enel, RWE, Iberdrola y Vattenfall.
Moor dijo desconocer si las empresas han
seguido financiando a los paramilitares después de 2006, "pero la gente
que sufrió la violencia sigue sin recibir justicia".
Uno de ellos es Rubén Morrón, extrabajador de
la estadounidense Drummond y miembro del Sindicato Unitario Minero actualmente
exiliado en Francia.
Morrón narró cómo durante años él y sus
compañeros han sufrido amenazas, intimidaciones y atentados por parte de los
paramilitares, que según dijo asesinaron al presidente y al vicepresidente del
sindicato.
"En una ocasión, recibí una llamada que
decía que tengo una familia muy hermosa, pero que me quedaría sin ella si no
cambiaba de actitud", recordó.
Moor expuso que lo que persiguen con la
publicación de este informe es "verdad, justicia y compensación para las
víctimas", ante las cuales las empresas energéticas europeas importadoras
de materias primas "tienen la responsabilidad de investigar si se cumplen
o no los derechos humanos".
Este informe no es el primero que intenta
concienciar al mercado energético alemán de este tipo de conexiones entre
proveedores del carbón y paramilitares, según Sebastian Rötters, de Power
Shift.
Rötters, uno de los encargados del dossier
"Bitter Coal", que analiza las empresas energéticas alemanas y sus
importaciones de Estados Unidos, Colombia y Rusia, explicó que las
organizaciones humanitarias y medioambientales persiguen un doble objetivo.
"Por un lado, que las energéticas
europeas dejen de comprar carbón a estas empresas si no respetan los derechos
humanos y, por otro, que los políticos actúen para que haya más transparencia
en la cadena de producción", subrayó.