Tomado de Blu Radio
Tienes que pensarlo muy
bien antes de comenzar a escribir.Te han amenazado tantas veces que el gesto
violento ya te parece protocolo. Te han dicho: “Si nos boletea, la lleva; si
nos chimbea, lo buscamos gonorreíta; ojo pues pirobo que es muy fácil averiguar
por dónde vive; si nos mete en problemas, se gana su machetazo, mi perro, lo
matamos, así de sencillo papi, lo MA-TA-MOS, o mejor: lo despedazamos”.
En diciembre de 2013
decidí internarme en la Comuna 4 de Soacha, también conocida como Altos de
Cazucá, uno de los sectores más peligrosos y abandonados de Soacha, y límite
fronterizo de este municipio con Bogotá. Dos meses atrás, tres estudiantes de
periodismo habían llegado angustiadas a mi oficina; tenían la esperanza de que
algún medio de comunicación publicara una serie de testimonios que habían
recogido para su tesis de grado en los cuales se revelaba el tenebroso regreso
de una vieja práctica a estas colinas: la periódica ejecución de asesinatos
selectivos, antecedidos por panfletos amenazantes y listas con nombres y
direcciones de muchachos del sector, que eran pegados en postes de la luz o
rotados de mano en mano. Muchos de quienes aparecían allí listados eran menores
de 24 años y no habían cometido otro pecado que fumarse un porro ocasional en
alguna esquina del barrio.
Coincidencialmente, la Defensoría del Pueblo,
que es la única entidad estatal que hace presencia permanente en esta comuna de
barrios polvorientos, trochas de barro, casas de lata y cartón, perros, gatos,
niños y adolescentes embarazadas, estaba por publicar la cuarta entrega de una
serie de alertas que advertían el regreso de grupos paramilitares
desmovilizados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Según los informes de
la entidad, con nombres reciclados como Bloque Capital de las Autodefensas
Unidas de Colombia, Los Rastrojos, Águilas Negras o Los Urabeños, las bandas se
reactivaron en 2010 y desde entonces reclutan jóvenes, amenazan con limpiezas,
desplazan a antiguos moradores, extorsionan, asesinan líderes comunitarios y
culturales e imponen toques de queda, sin que la Policía, ni la Fiscalía ni la
Alcaldía del municipio ni absolutamente nadie lo admita y, por consiguiente,
haga el menor esfuerzo por prevenirlo.