D. Daniel Coronell.
Semana .com
Eissenstat, asesor del
senador Hatch en el senado de Estados Unidos, les advirtió a los funcionarios
que Colombia no tenía derecho a declarar de interés público el tratamiento de
los enfermos de cáncer.
Hace unos días un
miembro del equipo legislativo del senador de Estados Unidos Orrin Hatch
amenazó a funcionarios de la Embajada de Colombia con represalias contra el
país si el Ministerio de Salud insistía en declarar de interés público una
costosa medicina para la leucemia y otros tipos de cáncer llamada Glivec
fabricada por la compañía farmacéutica Novartis. El señor Everett Eissenstat,
asesor del senador Hatch en el poderoso Comité de Finanzas del Senado de
Estados Unidos, les advirtió a los funcionarios que Colombia no tenía derecho a
declarar de interés público el tratamiento de los enfermos de cáncer por encima
de los intereses de Novartis.
La transnacional
farmacéutica ha dado y ha perdido esa misma pelea en la India donde el Glivec
pasó de costarle a un enfermo 2.600 dólares al mes a 145. Este ahorro que salva
vidas se logró porque el gobierno de ese país tuvo el valor de defender la
salud pública y de paso la libre competencia, principio rector del capitalismo.
El miembro del equipo
del senador Hatch amenazó con convertir a Colombia en un país bajo “tratamiento
especial” y además aseguró que “si el Ministerio de Salud no corrige esta
situación, la industria farmacéutica en EEUU y los grupos de interés
relacionados podrían llegar a ser muy vocales e interferir con otros intereses
que pudiera tener Colombia en EEUU”, tal como lo relata la carta de la Embajada
de Colombia al ministro Alejandro Gaviria Lo que no dijo el vocero del senador
Orrin Hatch es que su jefe ha recibido el generoso patrocinio del gremio
farmacéutico en general y de Novartis, en particular.
El senador Hatch,
republicano por Utah ha ocupado su curul por casi 40 años. De acuerdo con
información pública disponible la industria farmacéutica y de productos de
salud es el segundo donante más importante de las campañas del senador Hatch.
La empresa Novartis
tiene en el senador Orrin Hatch uno de los más grandes beneficiarios políticos
de sus aportes. Según la base de datos Open Secrets ocupa uno de los primeros
lugares entre más de 120 legisladores tanto demócratas como republicanos que
han recibido dineros para sus campañas de la transnacional farmacéutica
Pero ahí no acaba la
lista. El Centro por la Integridad Pública reveló generosas donaciones del
gremio farmacéutico a aportantes del senador Hatch en Utah. El grupo “Freedom Path”, una organización
teóricamente sin ánimo de lucro que patrocina las campañas políticas del senador
Hatch, recibió 750.000 dólares de la Asociación de Investigadores y Productores
Farmaceuticos de América
Esa asociación conocida
por sus siglas en inglés Phrma tiene entre sus miembros a Novartis. El
presidente mundial de Novartis, el señor Joseph Jimenez, es uno de los tres miembros
del consejo superior de administración del gremio con funciones de tesorero.
Scott Hatch, el hijo
del senador con tantos vínculos con Novartis, es cabildero profesional. En una
firma llamada Walker, Martin & Hatch LLC se asoció con Jack Martin, antiguo
asistente de su padre en Utah, y H. Laird Walker, otro allegado al senador. La
base de datos del senado sobre lobby establece que esa firma ha recibido más de
un millón de dólares de Phrma, sin contar lo que han contratado directamente
con empresas farmacéuticas como Glaxo. (Pagos a la firma de Lobby)
Esos hechos probados
deberían ser suficientes para que el Senador Hatch –y con él, los miembros de
su equipo – se declaran impedidos para intervenir en cualquier tema que tuviera
que ver con la industria farmacéutica. Sin embargo, nada de eso va a ocurrir.
En Estados Unidos las corporaciones y grupos de interés logran bancadas más
sólidas que los partidos políticos y hacen sentir su voz en todos los temas.
Además Novartis es un
jugador global que ha buscado imponerse por las buenas, por las malas, o por
los atajos, en cada rincón del planeta. Por ejemplo, el Departamento de
Justicia de Estados Unidos la denunció por sobornar a médicos y farmacias para
que receten y vendan sus productos y no los de sus competidores. Novartis llegó
a un acuerdo para evitar ir a juicio, reconoció haber concedido estímulos
indebidos y pagó 390 millones de dólares como compensación.
La justa batalla del
ministro Alejandro Gaviria frente a la voracidad de Novartis debe darla no
solamente por el bien de los pacientes de cáncer sino por la soberanía de
Colombia.