La empresa colombiana
está dejando de producir cerca de 9.500 barriles de crudo por día en los campos
de Castilla y Chichimene por cuenta de los ataques.
De. El espectador.
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| Derrame de crudo después de uno de los ataques contra la infraestructura petrolera de Ecopetrol. |
Negro como el crudo que
brota de los pozos que opera Ecopetrol en Acacías o Castilla la Nueva, en El
Meta, es el panorama que se cierne sobre estas dos poblaciones por las
protestas de sus habitantes. Del descontento pasivo se ha pasado a las vías de
hecho causando destrosos en las instalaciones petroleras, agresión a la fuerza
pública y amenazas a los trabajadores.
Con precios deprimidos
en el mercado mundial, las empresas petroleras hacen hasta lo imposible por
abaratar costos que les permitan subir un poco la rentabailidad. En este
sendero está la petrolera colombiana que ha puesto en operación cinco modernos
taladros para perforar nuevos pozos en busca de elevar la producción petrolera
en la zona. Los trabajos han requerido menos personal a contratar, lo que ha
enardecido a los pobladores que se quedaron por fuera del mercado laboral. El
descontento ha sido canalizado por organizaciones comunales como la Corporación
de Juntas Locales del Área de Influencia Directa de Chichimene (CJAID). Sus
representantes quieren ser ser protagonistas en la intermediación laboral,
denuncian las autoridades.
Uno de los líderes,
Gustavo Carrión, a través de una red social, manifestó que las protestas son
lideradas por “toda la comunidad”. Dice que “eso es culpa de Ecopetrol por
traer tantas empresas con todo y personal y la comunidad esperando una
oportunidad y sin trabajo”. A otros interrogantes guardó silencio.
Recuerdan las
autoridades locales y representantes de la misma empresa que todo empezó el 24
de mayo, con una jornada de protesta promovida por los líderes de las juntas de
acción comunal de la zona petrolera de Acacías y Castilla La Nueva, que le
reclamaban a Ecopetrol mayor contratación de mano de obra local y mantenerse
como los intermediarios para la asignación de cupos laborales, es decir,
conservar el poder para decidir quién trabaja en las compañías petroleras.
Ecopetrol está dejando de producir cerca de 9.500 barriles por día en los
campos de Castilla y Chichimene por cuenta de los ataques.
Los líderes de las
juntas locales, agrupados en la Corporación de Juntas Locales del Área de
Influencia Directa de Chichimene (CJAID), promovieron protestas en los sitios
donde perforaban los cinco taladros que contrató Ecopetrol desde la primera
semana de mayo. Sus representantes no quisieron hablar sobre las denuncias
Directivos de Ecopetrol
han explicado que los nuevos taladros contratados son más modernos y
eficientes; requieren unas 30 personas para su operación. Los manifestantes
pedían la contratación del doble de personal, lo que hace inviable el trabajo
en las actuales condiciones, con precios del crudo en cerca de US$50 el barril.
Lo que inicialmente se
presentó como una protesta pacífica y un cese de actividades de los
trabajadores de dos empresas contratadas para la operación de los cinco
taladros, se transformó en menos de una semana en actos de vandalismo, amenazas
con arma de fuego a los trabajadores, ataques a miembros de la Fuerza Pública,
sabotajes a pozos y derrames de crudo. El balance reportado por Ecopetrol y las
autoridades es desolador.
Manifestantes
encapuchados atacaron la infraestructura eléctrica inhabilitando 53 pozos
petroleros. Se presentaron sabotajes en pozos de producción y equipos y
manipulación indebida de válvulas, lo que ocasionó daños al medio ambiente por
derrames de crudo. Fueron atacados trabajadores, vehículos de seguridad y de
bomberos.
El coronel Carlos
Alberto Meléndez reveló que hirieron gravemente a un policía que se movilizaba
en moto. Fue sorprendido por un alambre de púas atravesado en la vía, sufriendo
grave herida en el cuello. “Esto es una tentativa de homicidio pues el policía
casi es degollado”, dijo el oficial.
Los miembros de la
comunidad están asustados y no se atreven a denunciar por miedo a las amenazas.
En los últimos días han empezado a aparecer personas extrañas a la región, la
mayoría en moto, señalados de ser los responsables de los desmanes, amenazas y
ataques a la infraestructura, incluidos los derrames petroleros. Habitantes
dicen que las protestas están siendo financiadas por grupos al margen de la
ley, específicamente bandas criminales que tendrían conexión con el negocio de
la intermediación laboral, la contratación de bienes y servicios y
transportadores.
A quienes participen en
las protestas les dan hasta $50 mil diarios, reconoce un miembro de la
comunidad de Chichimene que prefiere mantener su nombre en reserva. Algunos
trabajadores han denunciado que tienen que pagar el 15% de su salario a los
líderes que los inscribieron en la listas para ser seleccionados en un trabajo
de la industria petrolera. La dirigente comunal de CJAID, Sandra Patricia Ruiz,
admitió que tienen una bolsa de empleo. "Nosotros manejamos eso con una
bolsa de empleo, legalmente constituida, tenemos oficinas (...) y por ahí, por
la bolsa, las empresas postulan, no Ecopetrol, sino sus empresas aliadas".
Admitió que cobran $25.000 a cada trabajador.
Las autoridades
policiales también alertan sobre poderosos gremios, como el de los
transportadores, que están interesados en presionar a la industria petrolera
para llegar a una negociación en la que conseguirían mayores contratos locales,
con tarifas superiores a las del mercado nacional.
El deterioro de la
situación en la región con presencia de empresas petroleras ha llegado al
extremo. Se han advertido presuntos acuerdos de precios entre proveedores
locales, con tarifas que van hasta el doble de los precios del mercado y que se
les exigen a las compañías petroleras. Estas prácticas se han detectado en
transporte de personal y equipos, alquiler de ambulancias, maquinaria y
material pétreo, entre otros servicios.
Ecopetrol mantiene su
posición de no ceder a las presiones indebidas, ni a las vías de hecho.
Defiende un sistema de contratación de personal y de bienes y servicios
transparente, que beneficie a los habitantes de la región y que le permita
seguir ampliando sus operaciones en esta zona del país para beneficio de la
economía local y nacional.
Cronograma de las protestas y vandalismo
Mayo 24
Mayo 25
Lanzan botellas llenas
de combustible a uno de los generadores del equipo de perforación Nabors PX44,
ubicado en la vereda El Triunfo, municipio de Acacías, Meta.
Mayo 26
Manifestantes agreden
con piedras un vehículo de bomberos y otros de seguridad y vigilancia.
Se presentaron
sabotajes en nueve pozos de producción del campo Castilla. Desconocidos
bloquearon las válvulas de las líneas de flujo, lo que ocasionó el derrame de
crudo. Personas encapuchadas amenazaron y lanzaron piedras a trabajadores que
se encontraban en los equipos de perforación PX43 e Independence 204. La
operación de este último equipo fue suspendida de manera preventiva.
Se presentó incendio en
el equipo Nabors PX40.
Mayo 27
Se abre un espacio de
diálogo con las comunidades y representantes de diferentes entidades. No hay
acuerdo.
Mayo 28
Se refuerza plan de
contingencia para mantener operación de los taladros y minimizar efecto de los
sabotajes.
Mayo 29
Ataque con fuego a la
retroexcavadora del equipo PX 44. Ataque con fuego a tanqueta de la policía.
Enfrentamientos en los equipos PX 44 y PX 42. Desconocidos atraviesan dos
árboles bloqueando el acceso al PX 42. Lanzamiento de voladores y bombas
incendiarias hacia el taladro PX44, lo que generó un incendio en el área de
variadores. Se apagan preventivamente 10 pozos en los clúster 25 y 26, en el
municipio de Castilla La Nueva, por variaciones de presión que podrían indicar
una fuga de crudo. La situación se notifica a la ANLA y a Cormacarena. Se
activa plan de ayuda mutua con bomberos del municipio de Acacias y Defensa
Civil.
Mayo 30
Se instalan barreras
mecánicas sobre el caño Legía. Se verifica una mancha de crudo de 25 x 35
metros.
Cierre de 10 pozos en
el Clúster 2, (vereda El Triunfo, municipio de Acacías) por actos vandálicos
contra su infraestructura.
Manipulación irregular
de una válvula de transporte de crudo en el múltiple del clúster 4 (vereda La
Esmeralda, Acacias), lo que obligó a apagar los pozos en los clúster 9 y 26.
Afectaciones a dos contenedores de producto químico y un dispositivo para
hurtar nafta.
Cinco personas que se
encontraban en el clúster 2 (vereda El Triunfo, Acacias) fueron atacadas por
encapuchados, situación que los obligó a suspender la actividad y salir del
lugar. A continuación procedieron a atacar la infraestructura eléctrica dejando
fuera de servicio 53 pozos.
Las acciones de
limpieza que se venían desarrollando en el clúster 25 fueron suspendidas por
ataques. Una trabajadora recibió amenazas de personas que se desplazaban en
motocicleta y que la forzaron a abandonar el área. Sabotaje en el pozo
Chichimene 22 (Vereda la Esmeralda, Acacias) genera derrame de crudo. Por lo
menos 40 encapuchados irrumpieron en el Clúster 2 (Vereda Montebello, Acacias)
donde se encuentran ubicados medidores multifásicos para pruebas de producción.
Amenazaron a los trabajadores con arma de fuego y causaron un conato de
incendio que fue controlado. En el clúster 49 (vereda La Esmeralda, Acacias)
desconocidos quemaron tres variadores de velocidad de pozos generando
contaminación.