El superintendente de
Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, denunció la existencia de un ‘mico’
en un proyecto de ley que busca regular al sector de la vigilancia y seguridad
privada en el país, y que favorecería a estas empresas, algunas de ellas en la
lupa de la SIC por un caso de cartelización empresarial.
Para Robledo, “nos
preocupa un artículo, que tiene forma de mico, en el que se pretende tumbar las
investigaciones por el cartel de la seguridad privada. Esto tendría un efecto
negativo en el proceso que adelantan tanto la Superintendencia como la Fiscalía
sobre este tema“.
Al proyecto, de autoría
del senador Mauricio Lizcano, espera le sea asignada una ponencia para surtir
los dos debates que le faltan para ser aprobado.
El Superintendente
explicó que “en Colombia está prohibido que empresas cuyo dueño sea la misma
persona puedan presentarse en licitaciones públicas con distintas ofertas’. Eso
daría a entender, sin mayores explicaciones, que esa prohibición sólo queda
trazada con la expedición de la ley“.
Este, señaló el
funcionario, es la médula de la cartelización de empresas que bajo un paraguas
específico, obtiene varios contratos.
Y reafirmó que “ese
artículo de la norma a ser aprobada, solo favorecería a un grupo de empresas y
a una persona: Jorge Moreno Ojeda. Sólo esa persona tiene interés en desviar las
investigaciones“.
A la fecha, el
organismo adelanta una investigación contra 8 empresas de seguridad privada por
cartelización empresarial.
La investigación
comenzó con la formulación de pliego de cargos contra la empresa, Gaurdianes,
Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig, Sejarpi, Security Management
Group, “ante la presunta cartelización empresarial en 252 procesos de
contratación pública, adelantados ante 149 entidades estatales en todo el
territorio nacional durante los años 2010, 2011 y 2012“.
El proceso está en
manos del SuperIndustria para la imposición de las respectivas sanciones.