La Fiscalía General de la Nación envió copias de los procesos para que la Corte Suprema de Justicia inicie investigaciones contra un senador y un exrepresentante a la Cámara presuntamente vinculados al Carrusel de los Contratos durante la administración del exalcalde Samuel Moreno.
La determinación del ente acusador se refiere al senador Efraín Torrado por un presunto tráfico de influencias en su relación con la directora de Integración Social del Distrito a través del contratista Julio Gómez.
Igualmente, se enviarán copias a la Corte para que se investigue al exrepresentante a la Cámara Germán Olano por presuntamente haber recibido 600 millones de manos del contratista Julio Gómez del Hospital de Meissen.
Asimismo, informó el Vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, se citará para audiencia de formulación de imputación al concejal de Bogotá Wilson Duarte Robayo por el delito de cohecho propio porque habría recibido dinero de parte del exsecretario de Salud de la capital Héctor Zambrano con el fin de que no se hiciesen controles políticos en el Concejo al contrato de las ambulancias.
Del mismo modo, Javier Mejía Bernal, exgerente de la empresa Patria S.A., está citado a audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento porque habría entregado comisiones el año 2010 luego de ser adjudicatario de varios contratos para el mantenimiento de la malla vial de Bogotá.
Entre los favorecidos por estas comisiones estarían Hipólito Moreno Gutiérrez, Andrés Camacho Casado y Orlando Parada Díaz, aseguró Perdomo. A Mejía le será imputado cohecho por dar u ofrece en concurso homogéneo.
También se hicieron varias citaciones para interrogatorio del indiciado a once personas, entre concejales, exconcejales, contratistas y exfuncionarios del distrito.
La lista la encabeza el exconcejal Carlos Romero Jiménez, a quien se investiga por el presunto delito de cohecho propio porque habría recibido dinero del contratista Julio Gómez González por su intervención en la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá.
A Darío Fernando Cepeda se le citó para que responda por presunto cohecho propio porque habría recibido dinero del contratista Julio Gómez por temas del hospital San Blas, de Bogotá.
Juan Eugenio Varela Beltrán deberá responder por su presunta participación en las irregularidades en el contrato de ambulancias y porque habría recibido dineros de parte del exsecretario de Salud de Bogotá Héctor Zambrano. Se le investiga por interés indebido en la celebración de contratos
Mercedes del Carmen Ríos, exsecretaria distrital de Integración Social, responderá interrogatorio por interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin el lleno debido de los requisitos, pues al parecer violó el principio de selección objetiva al entregar contratos a diversas fundaciones.
Por su parte, el exsecretario general de la Alcaldía Yuri Chillán Reyes, responderá en interrogatorio por interés indebido en la celebración de contratos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
Además, Jorge Enrique Pizano, exgerente de la EAAB, deberá responder por continuas irregularidades en procesos de contratación en esa entidad durante la alcaldía de Samuel Moreno. También se citará a Andrés Cardona Laverde, contratista, para que responda por los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos en la EAAB.
A Mauricio Solano Sánchez, exdirector del Fondo de Vigilancia del Distrito Capital, se le investiga por la presunta comisión de los delitos contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos durante la alcaldía de Samuel Moreno. También responderá en interrogatorio.
Fernando Álvarez Morales, secretario de Movilidad, responderá por contratación sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, mientras que Carlos Lizcano Benítez, exgerente del Hospital de Meissen en Bogotá, será interrogado por el presunto peculado en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos para la construcción del hospital.
A Míriam Margoth Martínez, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), se le investiga por los posibles delitos de contratos sin cumplimientos de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.