Más de 12 mil decisiones
disciplinarias impuso la Procuraduría General de la Nación entre los años 2009
y 2016, cumpliendo así con su función misional de “controlar y vigilar que las
actuaciones de los servidores públicos y de los particulares que ejerzan función
pública estén regidas por el marco jurídico colombiano”.
En el marco de la
función disciplinaria, entre los años 2009 y 2016 se recibieron 719.811 quejas,
se iniciaron 131.937 indagaciones, se profirieron 48.179 autos de apertura de
investigación mediante procedimiento ordinario, se iniciaron 4.011 procesos
verbales, se fallaron 12.217 procesos de primera instancia de los cuales 7.771
fueron sancionatorios, y se profirieron un total de 7.047 decisiones de segunda
instancia.
Dentro de las sanciones
disciplinarias relevantes se destacan las destituciones e inhabilidades por 20
años proferidas contra los entonces senadores Miguel de la Espriella, Néstor
Iván Moreno Rojas, Luis Alberto Gil, Jorge de Jesús Castro Pacheco y Juan
Carlos Martínez Sinisterra y al representante a la Cámara Miguel Ángel
Rangel.
Se profirieron además
las destituciones e inhabilidades para ejercer cargos públicos de los
gobernadores Juan Carlos Abadía, del Valle del Cauca; Juan Francisco Gómez
Cerchar, de La Guajira; Nelson Mariño Velandia, de Casanare; Víctor Isidro
Loaiza, del Caquetá; Efrén de Jesús Ramírez Sabana, de Guanía y Whitman Herney
Porras de Casanare.
Los resultados
generales de la gestión muestran que durante estos últimos ocho años se
sancionaron 1.587 alcaldes municipales, 1.111 concejales, 104 gobernadores, 182
personeros y 240 gerentes de diferentes entes, ente otros cargos.
Cabe destacar que en el
marco de la acción disciplinaria se profirieron decisiones de connotación
nacional como el caso de Ecopetrol, relacionado con una solicitud de soborno e
incremento patrimonial injustificado, la concesión del relleno de “Doña Juana”,
la celebración anormal de operaciones de compra de títulos valores por parte de
la Fiduprevisora, los hechos relacionados con la expedición de una licencia de
construcción del centro Comercial Unicentro en Bogotá y las irregularidades
relacionadas con el contrato celebrado por parte de la Cámara de Representantes
con la sociedad Infotic S.A.
