Al parecer,
organización delincuencial exigía sobornos para borrar irregularidades en
auditorías.
En la mira de la
Fiscalía General de la Nación hay por lo menos cinco funcionarios señalados de
pertenecer a un presunto cartel de la corrupción que operaba desde las oficinas
de Participación, Subdirección de Responsabilidad Fiscal y de Capacitación de
la Contraloría de Bogotá.
Según pudo establecer
EL TIEMPO, el pasado jueves, desde las 2 p. m. y hasta las 8 p. m., tres
miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), en cabeza de un fiscal
anticorrupción, llegaron hasta las instalaciones de la calle 26 con carrera 32A
y de inmediato comenzaron a examinar y recopilar información.
Se presume que desde
estas dependencias operaba una organización delincuencial que exigía
multimillonarios sobornos a funcionarios, contratistas, interventores y
servidores públicos.
De los cinco, tres ya
fueron identificados por los denunciantes. Se trata de Hermelina Acosta Acosta
y Ómar Ricardo Calderón Camacho, funcionarios de planta que ingresaron a esa
entidad desde el año 1992. El tercero, y de quien se sospecha puede ser un
enlace entre la verdadera cabeza de la organización, es Gabriel Guzmán,
exfuncionario del Concejo de Bogotá hasta el año 2011.
El caso estalló luego
de que dos interventores, Humberto Bohórquez y Joselín Torres, no solo
denunciaran a estos tres funcionarios con nombre propio, sino que además
entregaron un audio en el que una mujer, al parecer Hermelina Acosta, habla con
Bohórquez y luego de presionarlo le dice que le rebaja la ‘mordida’ de 75
millones a 60 millones de pesos.
En el audio, ambos
reconocen que ya en otro momento se entregaron 30 millones de pesos por otro
‘negocio’. Ante esto, ella le recuerda: “Esto es una organización, así de
simple, y el jefe mayor estaba, mejor dicho, que se lo llevaba el 'putas'...”,
esto porque Bohórquez no les pagó a tiempo.
El presunto cartel
exigía dinero para borrar de los expedientes las presuntas irregularidades
durante las auditorías que se hace a la contratación. En este caso es por una
vía local en Usme, aunque por los audios quedó al descubierto que también
operaban en otras localidades.
El caso fue puesto en
conocimiento de la Fiscalía por el contralor distrital, Juan Carlos Granados
Becerra, el miércoles 21 de diciembre. “Pronto vamos a llegar a esclarecer los
hechos y seguramente a castigar a los responsables”, dijo Granados.