Puerto López. La magistrada María Teresa Herrera del
Tribunal Administrativo del Meta, definirá al llegar de las vacaciones
colectivas, una demanda de nulidad al acuerdo entre el Municipio y el Igac para
adelantar los avalúos catastrales.
Se sustenta que se
cumplió de manera irregular y los cobros del predial se dispararon de una
manera astronómica que se volvieron impagables.
Los propietarios de
predios indicaron que los cobros que el año pasado llegaron por un millón de
pesos en este alcanzó la suma de doce quince millones.El alcalde Víctor Bravo
ya comprometió estos recursos.