60 acciones de tutela
interpusieron habitantes de la invasión Trece de Mayo en contra del municipio
reclamando derecho a la vivienda digna.
Los residente ilegales
advirtieron de la ordena policial dada por el alcalde Wilmar Barbosa al
inspector de la zona para que desalojara las cerca de 600 personas que tienen
posesión desde hace varios años de ese terreno y empezaron a instaurar acciones
de tutelas en los juzgados penales, que si están laborando pese a la vacancia
de rama judicial.
Ante la masiva llegada
de acciones de tutelas los juzgados ordenaron como medida cautelar frenar la
orden de desalojo hasta cuando se revisen de fondo las demandas contra la
Alcaldía.