El Consejo de Estado en
sentencia de segunda instancia ordenó a la empresa Cerrejón suspender los actos
administrativos de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, donde
concede licencias a la multinacional para desviar el cauce del Arroyo Bruno,
caudal que se desprenden del Río Ranchería.
Allí Cerrejón
desarrollará uno de los proyectos mineros más importantes de los últimos
tiempos para la explotación de Carbón.
Según el Consejo de
Estado, dentro de este propósito no se cumplió a cabalidad los procesos de
consulta previa con las comunidades indígenas, por tanto dio el plazo de un mes
al Ministerio del Interior, a Cerrejón y a la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales para que procedan.
Serán aproximadamente
27 comunidades wayúu de los municipios de Albania y Maicao a las que deberán
incluir dentro de las consultas, toda vez que podrían afectarse de manera
directa o indirecta con el desvío del cauce del Arroyo Bruno, afluente que en
algunos casos es la fuente directa para el consumo de agua de la población.
Asegura el Consejo de
Estado que esta es una sentencia para garantizar el derecho a la vida, a la
salud, acceso al agua y a la consulta previa, especialmente de los indígenas
wayúu.