La Fiscalía General de la Nación ha continuado
con el proceso de cierre de las investigaciones contra las macroestructuras
paramilitares, según el procedimiento establecido en la Ley 975 de 2005.
En ese sentido el día de hoy, la Dirección de
Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional radicó solicitud de
audiencia de formulación de imputación contra 725 exintegrantes de las
Autodefensas, por 22.221 hechos delictivos, que dejaron más de 49 mil víctimas.
Todas ellas han participado de manera directa en los procesos penales contra
las personas cuya imputación se solicita.
Hemos diseñado una estrategia de cierre del
Proceso de Justicia y Paz que comienza con esta solicitud de imputación a 725
postulados, y significa el cierre parcial de ocho macroestructuras criminales,
a saber:
1.
Macro estructura de Salvatore Mancuso, que incluye los Bloques: Norte,
Catatumbo y Montes de María.
2. Bloque Central Bolívar
3. Bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada
4. Bloque Héroes de Tolová
5. Bloque Elmer Cárdenas
6. Bloque Pacífico
7. Macro estructura de Heberth Veloza García,
alias HH, la cual incluye los Bloques Calima y Bananero
8. Bloque Centauros
Entre los máximos
responsables de las macroestructuras que se hallan en esta etapa de cierre, se
pueden relacionar los siguientes:
1.
Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito
2. Heberth Veloza García, alias HH
3. Salvatore Mancuso Gómez, alias Mono Mancuso
4. Hernán Giraldo Serna, alias el Patrón
5. Jorge Iván Laverde Zapata, alias el Iguano
6. Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino
7. Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto
Báez
8. Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar
9. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don
Berna
10. Freddy Rendón Herrera, alias el
Alemán
11. Manuel de Jesús Pirabán, alias
Pirata
Dentro de los hechos
cometidos por estas estructuras, se encuentran entre otros, los siguientes:
Desplazamiento de Asociación de Mujeres
Productoras del Campo (Asomuproca), ocurrido entre el 12 de enero de 1999 y el
24 de agosto de 2000 en Pivijay (Magdalena), que cobró cerca de 300 víctimas.
Homicidio del profesor Alfredo Correa de
Andreis, 17 de septiembre de 2004, en la ciudad de Barranquilla (Atlántico).
Correa de Andreis era ingeniero agrónomo y sociólogo, enseñaba en las
Universidades del Norte y Simón Bolívar.
Masacre
de la cabecera municipal de Villa Nueva (La Guajira), el 8 de diciembre de 1998
con 11 víctimas letales.
Masacre del Corregimiento de Santa Isabel,
municipio de Curumaní (Cesar), el 8 de enero de 1.999 con 32 víctimas.
Homicidio de la fiscal especializada de
Sincelejo, Yolanda del Carmen Paternina Negrete, el 29 de agosto de 2001, en
Sincelejo (Sucre).
Las masacres de Caunapí y la Guayacaná en
Tumaco (Nariño), ocurridas en los años 2002 y 2003, respectivamente.
Desaparición forzada de Ángel José Quintero
Mesa y Claudia Monsalve, el 6 de octubre de 2000, en la ciudad de Medellín
(Antioquia) Defensores de derechos humanos y miembros de la Asociación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).
Masacre
de Bojayá (Chocó) y desplazamientos masivos años 2002 con 1.300 víctimas.
Desplazamiento de Las Mercedes en Quibdó
ocurrido el 26 de noviembre de 1999 con 69 víctimas directas y 380 víctimas
indirectas.
Masacre de Gualanday, municipio de Corinto
(Cauca) acaecida el 18 de noviembre de 2001, con 14 víctimas.
Masacre de La Rochela cometida el 18 de enero
de 1989 que cobró la vida de 12 personas, en el municipio de Simacota
(Santander).
Homicidio del Diputado de Meta, José Rodrigo
García Orozco, en Villavicencio (Meta), el 26 de noviembre de 1992.
El avance en el cierre de estas estructuras es
resultado del trabajo realizado por los Fiscales e investigadores adscritos a
la Dirección de Justicia Transicional, con el fin de dar respuesta en materia
de verdad y justicia a las más de 49 mil víctimas afectadas con los hechos;
develando el fenómeno paramilitar en que se cometieron, a partir de la
asociación de casos y el esclarecimiento de los fenómenos criminales de sus
macro-estructuras.