Así lo aseguró el
ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, durante la defensa de la ley
estatutaria de Salud aprobada en el Congreso.
Como parte la revisión que hace la Corte
Constitucional sobre la ley estatutaria de Salud, aprobada por el Congreso el
año pasado, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, explicó que con esta
iniciativa el Gobierno no pretende acabar con la tutela, sino que en el futuro
esta no va a ser necesaria para acceder a los servicios médicos en el país.
“La acción de tutela es
algo excepcional lo que estamos buscando es ampliar la lista de lo que está
incluido al interior del sistema. No es verdad como algunos dicen que esto va
en contravía de la opción de tutela, al contrario ya no se va a tener que
recurrir a esta figura para poder acceder a los servicios. Esto le facilita la
vida a los Colombianos y descongestiona la justicia”, dijo el jefe de la
cartera.
Según Cárdenas el plan
de beneficios que tiene la iniciativa busca definir los servicios a los que los
colombianos pueden acceder y agregó que este irá expandiéndose con el tiempo,
“pues, tendrá día a día más recursos fiscales. Esto se hará de forma gradual en
la medida en que el Estado colombiano tiene más y más capacidad”.
Con esta ley, dijo,
“creemos firmemente que no solo vamos a lograr más facilidad en el acceso a los
servicios sino más claridad para la población en cuanto a lo que está incluido
en los planes beneficio, y lo vamos a hacer de una forma armónica con la
sostenibilidad fiscal en Colombia”.
Y destacó que el
Gobierno espera “garantizar el derecho
fundamental a la salud en forma universal, con acceso a todos los colombianos
sin excepción. La Nación ha hecho un gran esfuerzo para viabilizar la
sostenibilidad financiera requerida para lograr la cobertura universal y la
unificación de los planes obligatorios de salud, tanto de los regímenes
contributivos como del subsidiado al pasar de representar cerca de 1.2 billones
de pesos en 2010 a 2.6 billones en 2013 y 3.6 billones en 2014”.
El jefe de la cartera
económica sostuvo, frente a la sostenibilidad fiscal, que “el Gobierno es
consciente que el criterio de sostenibilidad fiscal subordinado está a la
defensa de los derechos fundamentales. Cuando se interponga el incidente fiscal
no se va a hacer para decir si ese derecho se debió haber concedido o no, se va
a hacer para procurar una gradualidad en el cumplimiento de esa sentencia, solo
para darle un tiempo razonable al Gobierno para que cumpla con esa
obligación".
Según el ministro en
Colombia no se entrará a cuestionar los derechos fundamentales, por garantizar
la sostenibilidad fiscal, “lo que buscamos es que haya una armonía con las
capacidades fiscales del Estado colombiano”.
