Ecopetrol logró detener la votación en las que los ciudadanos
pretendían decidir el futuro de las actividades petroleras en este municipio de
Casanare.
Redacción Vivir
Monterrey (Casanare).Una
tutela interpuesta la semana pasada por Ecopetrol ante el Consejo de Estado
suspendió la jornada de votaciones de la consulta popular programada para el
domingo pasado en Monterrey (Casanare). El hecho tomó por sorpresa a los
habitantes del municipio que durante cuatro meses habían gestionado a través de
la Alcaldía la jornada de participación con la que le dejarían claro al país si
quieren o no que futuros proyectos petroleros realicen actividades sísmicas en el
área donde nace el río Túa, zona de recarga hídrica de la región.
Pero Ecopetrol se
adelantó a las votaciones y con una tutela le pidió al Consejo de Estado
cancelar la jornada. En sus argumentos aseguró que la consulta es “ilegal e
inconstitucional”, afirmando además que “vulnera los derechos al debido proceso
y al trabajo”.
La empresa le indicó al
alto tribunal que la consulta le ocasiona un perjuicio directo, ya que firmó
con el Estado un contrato para ejecutar el proyecto Odisea (con obligaciones
contractuales por $57.000 millones) que requiere su presencia en las veredas
que los ciudadanos quieren blindar de actividades extractivas.
Mientras Eduardo
Ballesteros, alcalde del Municipio, dice que a pesar del ambiente de
desmotivación que generó la noticia en Monterrey él acató la suspensión
ordenada por el Consejo de Estado y ahora espera la respuesta del tribunal para
darle cumplimiento, Carolina Pérez, ecóloga y una de las líderes de la
consulta, espera que el tibunal priorice los derechos colectivos sobre los de
la empresa. “Confiamos en que la tutela no prospere y que nos definan una nueva
fecha para la consulta”, dice.
El abogado César
Rodríguez, de Justicia, aclaró que la suspensión de la consulta fue una medida
provisional que tomó el tribunal mientras estudia la tutela de Ecopetrol así
que aún hace falta un “fallo de fondo” en que, cree, se tendrá que recurrir a
la última consideración de la Corte Constitucional frente a este tema.
“La Corte no ha
prohibido hacer consultas populares para tomar decisiones frente a actividades
extractivas, lo que sí pidió es que las empresas y la Nación deberán llegar a
acuerdos con los gobiernos locales frente a los próximos proyectos que los
afecten. Además estas consultas tienen que ver sobre todo con el uso del agua y
no con el uso del subsuelo y el uso del agua es competencia de los municipios
de tal manera que en el caso Monterrey no hay impedimento para hacer la
consulta”.
Al revisar los
argumentos de Ecopetrol, Rodríguez considera que es “débil” insistir en que se
está vulnerando el derecho al trabajo. “Cualquier persona podría decir que un
alza en los impuestos le está violando el derecho al trabajo porque no puede
contratar a nadie más ya que no le alcanza la plata, o si yo quiero construir
una oficina en un lugar que el Estado ha identificado como suelos residenciales
pues podría decir que me están violando el derecho al trabajo por no poder
montar mi empresa. En el caso de Ecopetrol, ¿entonces podríamos decir ellos
tienen el derecho a realizar una actividad que contamina porque están generando
empleo?”
Por ley, el Consejo
tiene 10 días para pronunciarse sobre la tutela de Ecopetrol y definir si
reprogramará o no la consulta suspendida en Monterrey en la que esperaban
participar 10.000 ciudadanos.