D Semana.
En un foro convocado
por el Consejo Superior de la Judicatura junto con SEMANA, se hizo referencia
al controvertido tema de la reforma a la tutela. Esto ante las dudas que
surgieron tras el proceso jurídico y la llamada ‘tutelatón’ en la destitución y
restitución del alcalde Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá.
Las principales cabezas
del poder judicial en el país, entre ellos, los presidentes de altas cortes, el
ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez; el fiscal general, Eduardo
Montealegre, entre otros, se reunieron para analizar el futuro de la justicia
en Colombia y entregaron propuestas.
En la intervención de
la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, la magistrada habló
de la conveniencia de una reforma a la tutela. Afirmó que el mecanismo tiene
que modificarse ya que el objetivo es que quede claro a qué tipo de juez debe
ir el trámite. Según la propuesta que dejó entrever, la idea es que una tutela
no se pueda interponer ante cualquier juez.
Para la magistrada hay
que resolver las falencias de este mecanismo para que se mejore la justicia.
“Tenemos que ver qué se hace con ella, tenemos que buscar una solución para que
no se presente esto de que en varias jurisdicciones se dan fallos
contradictorios”, indicó.
La magistrada Rojas
reclamó que en Colombia se improvise a la hora de presentar propuestas para
modificar este y otros mecanismos de resarcimiento de los derechos. “Cuando la
Constitución de 1991 creó todas estas nuevas acciones constitucionales que han
sido tan importantes para el país, la acción de tutela, la acción popular, la
acción de cumplimiento y grupo, no nos preparamos”.
Incluso dijo que existe
una “avalancha” de acciones y entregó un dato revelador. Solo en el Consejo de
Estado se han fallado más 73.000 acciones constitucionales “que han desplazado
los procesos ordinarios”. El cúmulo de acciones ha llevado a que al final el
ciudadano no tenga una respuesta oportuna.
En el foro, la togada
también habló en general de las problemáticas en la justicia. Dijo que se
perdió la credibilidad y que no hay respuesta oportuna. “La justicia que se
demora 10 o 15 años para una decisión eso hace que la gente no crea”.
En ese sentido, el
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda Buelvas,
aseguró que aunque si se necesita una reforma a la justicia, es preocupante el
hecho de que a la fecha dos meses antes de iniciar el periodo legislativo se
“desconoce” el proyecto que tendrá que debatirse en el Congreso.
El
magistrado Miranda puso sobre la mesa una vieja queja de los jueces. Dijo que
aunque es evidente que se necesita una reforma es cuestionable el hecho de que
esta no sea consensuada