Así se lo dejó claro el
ministro de Justicia, Alfonso Gómez, a los jueces y fiscales del país.
D Elespectador
El ministro de
Justicia, Alfonso Gómez Méndez, explicó que la Ley que incrementó las penas
para los atacantes con ácido de 8 a 16 años, es aplicable desde el momento
mismo de la sanción de la norma (julio de 2013), sin que sea excarcelable en
ningún caso y sin que su aplicación dependa de reglamentación alguna.
“La reglamentación que
adelanta el Gobierno no está relacionada con el delito ni la pena. Se refiere
es a cómo los Ministerios de Salud y de Industria y Comercio tienen que regular
el mercado de los ácidos o de las sustancias que están siendo empleadas para
fines criminales. Quiero que quede claro que no hay relación entre esta
reglamentación y los hechos que se han registrado; ni ello supone tampoco
pensar que es un resquicio para dejar de aplicar la Ley penal en estos casos”,
indicó.
Sostuvo que además de
las penas, los beneficios para el tratamiento físico y sicológico de las
víctimas de este tipo de ataques están vigentes y no requieren tampoco de
ningún tipo de reglamentación: “Más importante que el monto del castigo es la
certeza de que los responsables van a ser capturados y procesados. La misma
celeridad de los últimos casos registrados debe aplicarse en todos. Y los
fiscales y jueces deben aplicar la Ley de manera contundente”, indicó.
El ministro también
explicó que sí depende de la reglamentación definir a quién venderle este tipo
de sustancias, en qué cantidad, qué sustancias son de libre comercio y están
siendo utilizadas para agredir a las personas.
Ante las inquietudes de
los medios de comunicación, el jefe de la cartera de Justicia manifestó que la
figura de inimputabilidad existe en el derecho universal y que confía en el
criterio de los jueces para aplicarla: “Es claro que no va a ser un pretexto
para aplicar la Ley. O dicho en otros términos, no basta con que alguien se haga
el loco para aplicar la norma”, indicó el Ministro.
“Es natural y
explicable la indignación del ciudadano del común frente a estos hechos, pero
quien tenga responsabilidades políticas y públicas tiene que orientar a la
opinión. A alguien, hoy, no se le ocurriría que le corten la lengua al
calumniador, eso desapareció hace cientos de años. Una cosa es la reacción del
afectado y otra la reacción del Estado”, aclaró.
El jefe de la cartera
de justicia reiteró la solidaridad absoluta con las víctimas y sus familias:
“El Gobierno ve la inocultable gravedad en que estos hechos, que atentan
gravemente a los seres humanos y particularmente a la mujer, se hayan venido
intensificando; y expresamos toda nuestra solidaridad con las víctimas y con
sus familiares”.