Ante la jueza 69 penal municipal de Bogotá, con función de
control de garantías, la Fiscalía imputó cargos a Mariela Contreras Cruz, su hija Zuly Herrera Contreras y el esposo de ésta, Argemiro Arévalo Romero,
porque al parecer se trata de falsas víctimas de la masacre de Mapiripán.
Los cargos por los cuales se les investiga son fraude
procesal en concurso homogéneo con estafa agravada, cargos que aceptaron.
Durante la audiencia pública, el fiscal manifestó que las tres personas, usando
falsas declaraciones y haciendo presentaciones ilegales de documentos, hicieron incurrir en error a un fiscal y a
funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para lograr un reconocimiento como víctimas por los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en el
municipio de Mapiripán (Meta), donde un centenar de hombres de las Autodefensas
incursionaron y asesinaron a por lo
menos 49 personas.
El fiscal 8° manifestó que
por el reconocimiento los
imputados se beneficiaron con 3.343 millones 582 mil 571 pesos. Ese
dinero se lo pagó el Estado colombiano tras la condena de la Corte
Interamericana el 15 de septiembre de 2005.
El fiscal dijo que los tres
investigados, mediante declaraciones, confirmaron que durante la
incursión de las Autodefensas
habían sido asesinados y desaparecidos Gustavo Caicedo Rodríguez, el esposo de
Mariela Contreras, y su hijo, Diego Fernando Caycedo Contreras.
La investigación permitió establecer que estas personas
no fueron asesinadas ni desaparecidas,
porque ambos pertenecían a la guerrilla de las FARC y tras la desmovilización
de uno de ellos se confirmó el engaño.
Mariela Contreras Cruz en la actualidad goza de una protección especial por parte de
la Fiscalía General de la Nación. El fiscal del caso aseguró que la
investigación continúa.