Desde el pasado 20 de junio, fecha en la que la FLIP registró la primera agresión contra un periodista durante el cubrimiento de la protesta social en la región del Catatumbo; y en un lapso de dos meses, se han documentado trece ataques contra la prensa que han dejado un saldo de 26 periodistas víctimas.
Entre los hechos más preocupantes están las detenciones arbitrarias, como la que sufrió un grupo de seis periodistas independientes en el departamento del Valle del Cauca; el exceso de fuerza por parte de agentes del ESMAD, que en uno de los casos implicó graves lesiones en el ojo derecho al periodista Fred Nuñez, en el municipio de Tibú, Norte de Santander; y los constantes ataques contra la prensa en la región del Bajo Cauca Antioqueño, que motivó a que diez periodistas de la zona paralizaran sus actividades durante un periodo de tres días. De igual forma, la FLIP documentó que algunas de las agresiones sucedieron a pesar de que los periodistas portaban credenciales de prensa.
Un panorama que para la FLIP resulta altamente preocupante, pues no sólo evidencia la falta de garantías que tienen los periodistas durante el cubrimiento de la protesta social, sino que también arroja una cifra desconcertante: en diez de los ataques registrados los agresores han sido agentes de la Fuerza Pública, en su mayoría, miembros del ESMAD y de la Policía.
Bajo estas circunstancias vale la pena recordar que en septiembre del 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el caso del periodista Richard Vélez, quien precisamente fue agredido por agentes del Estado en el año 1996, mientras cubría las protestas recordadas como “Marchas Cocaleras”.