En una votación de 7 a 2, la
Corte Constitucional declaró exequible el acto legislativo 01 de 2012, más
conocido como el Marco Jurídico para la Paz.
En el extenso debate, el
alto tribunal determinó que se avaló la ley que será clave en el desarrollo de
los acuerdos que se firmen en los diálogos de paz que se adelantan con el
Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
Según se ha podido
determinar, la Corporación presentó una serie de indicaciones que debe seguir
el Congreso de la República a la hora de expedir las leyes estatutarias con el
fin de que no haya impunidad.
En este sentido indicaron
que se deben respetar los derechos de las víctimas a la reparación, verdad y
garantía de no repetición como lo establece las normas nacionales y los
tratados internacionales firmados.
Para la Corte “existe un
pilar fundamental de la Constitución que consiste en el compromiso del Estado
social y democrático de derecho de respetar, proteger y garantizar los derechos
de la sociedad y de las víctimas”.
Ante esto se indica que
existe la obligación de prevenir la vulneración de los derechos de las
víctimas, con el fin de garantizar la verdad, justicia y reparación. Para esto
se deben adelantar las investigaciones, juzgarlas y sancionar las “graves
violaciones” a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Además
para poder ser favorecido con lo dispuesto en la norma deberá
el grupo armado, hacer entrega de las armas, desmovilizarse, entre otras
condiciones.
Los salvamentos de voto se
presentaron en las expresiones "todos los" y "máximos
responsables", mientras que no se presentó ninguna votación en contra de
la figura de "cometidos de manera sistemática" establecidos en la
ley.
El principal punto del
debate se presentó en el marco de las obligaciones internacionales que tiene el
Estado en materia de investigación y judicialización de las violaciones a los
derechos humanos cometidas por los miembros de ese grupo guerrillero.
En las últimas sesiones los
magistrados discutieron la ponencia presentada por Jorge Ignacio Pretelt en el
que avalaba la constitucionalidad del acto legislativo sin embargo presentaba
10 condicionamientos.
Los nueve magistrados
discutieron sobre las normas establecidas en el derecho internacional
humanitario, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, una de las bases
de la demanda instaurada por la Comisión Colombiana de Juristas.
Uno de los principales
puntos del debate tuvo referencia a la expresión “máximos responsables” al
considerar que de aplicarse esta figura se estaría abriendo una puerta a la
impunidad, ya que se estarían vulnerando los principios de verdad, justicia y
reparación de las víctimas.
Los magistrados Nilson
Pinilla Pinilla y Mauricio González Cuervo salvaron su voto en el este
histórico debate.