La Procuraduría General de
la Nación se pronunció ante el Consejo de Estado a favor de no declarar la
nulidad de los actos administrativos que sancionaron disciplinariamente a un
servidor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que asesoró a
una particular sobre asuntos relacionados con las funciones propias de esa
entidad.
El demandante fue destituido
e inhabilitado por cuatro años para el desempeño de funciones públicas y
excluido de la carrera administrativa tras establecer que había recibido 10
millones de pesos de una particular a cambio de brindarle asesoría en asuntos
relacionados con las funciones propias de la entidad para la que laboraba
(DIAN), obteniendo un indebido provecho patrimonial en ejercicio de su cargo.