Un juez penal de Bogotá
con función de garantías profirió medida de
aseguramiento consistente en detención domiciliaria, en contra de José
Henry Torres Mariño, juez 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
esta ciudad, y del ingeniero de informática Justo Reinaldo Arias Umaña.
Ambos comparecen como
presuntos responsables de los delitos a acceso abusivo al sistema informático
en concurso con daño informático, prevaricato por acción y falsedad en
documento público.
La investigación
adelantada los relaciona con una organización al margen de la ley, integrada
por funcionarios de la Rama Judicial, que otorga beneficios a personas
condenadas por delitos graves y no excarcelables a cambio de detenciones
domiciliarias.
Por otra parte, el
próximo domingo 4 de marzo será definida la situación judicial de la
funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Marta
Patricia Losada Romero, quien acreditó ser madre cabeza de familia; así como
del ya sentenciado Germán Orlando Espinosa Flórez, quien purga una pena emitida
por la Sala Penal Corte Suprema de Justicia por los delitos de tráfico,
fabricación y porte de estupefacientes.
En el marco del
proceso, se evidenció que el juez de ejecución de penas Torres Mariño le habría
concedido la detención domiciliaria y permiso para trabajar a Espinosa Flórez,
con fundamento en documentos irregulares sin que fuera valorada su supuesta
condición de padre cabeza de familia.
Entretanto, la Fiscalía
expuso que el ingeniero Arias Omaña supuestamente fue el encargado de
direccionar el proceso al juez 12 de ejecución de penas y medidas de seguridad,
como lo demuestran algunos videos y análisis probatorios.
“Hizo 8 cambios,
modificaciones con saltos en el sistema informático para que finalmente
llegaran los expedientes al referido juez de penas y seguridad”, sostuvo el
fiscal delegado anticorrupción.
Explicó que en uso y
goce de su periodo de vacaciones llegó hasta las instalaciones del Departamento
de Informática de los tribunales, y sin una orden o resolución intervino en la
alteración del reparto aleatorio de los procesos.
“Fue captado en video
cuando manipulaba el computador, en el día y hora en que fueron alterados
los registros”, señaló el fiscal.
Agregó que del mismo
modo que a Espinosa Flórez, se le pretendían conceder beneficios a Carlos
Velásquez Euse, quien responde ante la justicia por delitos sexuales.
De otro lado, contra la
defensora de familia Marta Patricia Losada Romero, la Fiscalía posee elementos
de prueba que la vinculan con la presunta expedición de una certificación
irregular, mediante la cual avaló las supuestas condiciones de padre cabeza de
familia al sentenciado Espinosa Flórez.
Dijo que “se trata de
una declaración extrajuicio para acreditar esa condición especial y otros
documentos que no aparecen en el expediente, proferidos de manera irregular”.
Por ejemplo indicó que
al hacer la visita al domicilio fueron hallados
niños en manos de su madre biológica, al lado de personas responsables y
con capacidad de proteger a los menores.
“Es una familia amplia
y extensa pero el reporte oficial de la Dra. Losada fue enfocado a favorecer al señor Espinosa
Flórez”, anotó la Fiscalía.
Por estos hechos, en
caso de ser hallados responsables, los procesados se exponen a penas que
oscilan entre 6 y 14 años de prisión.
