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viernes, 2 de marzo de 2018

ASEGURADOS FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL POR SUPUESTA MANIPULACIÓN DEL REPARTO DE PROCESOS



Un juez penal de Bogotá con función de garantías profirió medida de  aseguramiento consistente en detención domiciliaria, en contra de José Henry Torres Mariño, juez 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, y del ingeniero de informática Justo Reinaldo Arias Umaña.
Ambos comparecen como presuntos responsables de los delitos a acceso abusivo al sistema informático en concurso con daño informático, prevaricato por acción y falsedad en documento público.
La investigación adelantada los relaciona con una organización al margen de la ley, integrada por funcionarios de la Rama Judicial, que otorga beneficios a personas condenadas por delitos graves y no excarcelables a cambio de detenciones domiciliarias.
Por otra parte, el próximo domingo 4 de marzo será definida la situación judicial de la funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Marta Patricia Losada Romero, quien acreditó ser madre cabeza de familia; así como del ya sentenciado Germán Orlando Espinosa Flórez, quien purga una pena emitida por la Sala Penal Corte Suprema de Justicia por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
En el marco del proceso, se evidenció que el juez de ejecución de penas Torres Mariño le habría concedido la detención domiciliaria y permiso para trabajar a Espinosa Flórez, con fundamento en documentos irregulares sin que fuera valorada su supuesta condición de padre cabeza de familia.
Entretanto, la Fiscalía expuso que el ingeniero Arias Omaña supuestamente fue el encargado de direccionar el proceso al juez 12 de ejecución de penas y medidas de seguridad, como lo demuestran algunos videos y análisis probatorios.
“Hizo 8 cambios, modificaciones con saltos en el sistema informático para que finalmente llegaran los expedientes al referido juez de penas y seguridad”, sostuvo el fiscal delegado anticorrupción.
Explicó que en uso y goce de su periodo de vacaciones llegó hasta las instalaciones del Departamento de Informática de los tribunales, y sin una orden o resolución intervino en la alteración del reparto aleatorio de los procesos.
“Fue captado en video cuando manipulaba el computador, en el día y hora en que fueron alterados los  registros”, señaló el fiscal.
Agregó que del mismo modo que a Espinosa Flórez, se le pretendían conceder beneficios a Carlos Velásquez Euse, quien responde ante la justicia por delitos sexuales.
De otro lado, contra la defensora de familia Marta Patricia Losada Romero, la Fiscalía posee elementos de prueba que la vinculan con la presunta expedición de una certificación irregular, mediante la cual avaló las supuestas condiciones de padre cabeza de familia al sentenciado Espinosa Flórez.

Dijo que “se trata de una declaración extrajuicio para acreditar esa condición especial y otros documentos que no aparecen en el expediente, proferidos de manera irregular”.
Por ejemplo indicó que al hacer la visita al domicilio fueron hallados  niños en manos de su madre biológica, al lado de personas responsables y con capacidad de proteger a los menores.
“Es una familia amplia y extensa pero el reporte oficial de la Dra. Losada  fue enfocado a favorecer al señor Espinosa Flórez”, anotó la Fiscalía.
Por estos hechos, en caso de ser hallados responsables, los procesados se exponen a penas que oscilan entre 6 y 14 años de prisión.

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