En solo 4 meses, de junio a septiembre de 2017, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) pagó
$2.152 millones de pesos por brazaletes electrónicos que no habían sido
instalados en personas privadas de la libertad, lo que para la Contraloría
General de la República puede llegar a configurarse en un daño al patrimonio
público, derivado del pago por un servicio que no se está recibiendo.
La situación se dio
tras la selección del prestador del servicio de vigilancia electrónica,
escogido en desarrollo de un proceso de subasta en la Bolsa Mercantil de
Colombia, dado que en este proceso se modificaron las condiciones de prestación
de servicio y la forma de pago, estableciéndose una nueva que, de acuerdo con
el concepto de la Contraloría en su último informe de auditoría de
cumplimiento, atenta contra los intereses patrimoniales del Estado.
Antes la USPEC sólo
tenía la obligación de pagar una vez el dispositivo de vigilancia se encontrará
instalado en la humanidad del beneficiario, mientras ahora el pago se genera a
partir del sexto día de entregados los dispositivos a la entidad, sin importar
si los mismos se encuentran o no instalados en los beneficiarios, tarea a cargo
del INPEC y la empresa contratista.