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sábado, 31 de marzo de 2018

FISCALÍA JUDICIALIZARÁ A TRES ABOGADOS QUE HARÍAN PARTE DE LA RED.



La Fiscalía General de la Nación judicializará en las próximas horas a tres abogados presuntos integrantes la red de Los Tutelantes, señalada de favorecer a reclusos con acciones de tutela ordenaban traslados de cárceles de alta y mediana seguridad a penitenciarías municipales en Valle del Cauca y Cauca.
Los hoy indiciados se presentaron en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en Bogotá, luego que la Fiscalía obtuviera órdenes de captura en su contra.
La investigación priorizada por el plan Bolsillos de Cristal permitió establecer que, desde el año 2015, una estructura criminal habría pagado a funcionarios de varias instituciones como despachos judiciales, alcaldías municipales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y cárceles municipales, para conseguir documentación, certificaciones y autorizaciones que respaldaran los beneficios judiciales que tramitaban a nombre de personas con un alto perfil criminal.
Los elementos recopilados permitieron conocer que los abogados presentaban tutelas con sellos de reparto presuntamente falsos, acreditaciones de vecindad ajenas a la realidad, dictámenes médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal que se sustentarían en información inexistente, cartas de secretarios de gobierno y directores de cárceles, y certificaciones de testigos fallecidos.
Las tutelas, que no ingresaban a través de la oficina de reparto del Centro de Servicios Judiciales de Cali, eran conocidas directamente por el Juzgado 25 Penal Municipal de control de garantías de esa ciudad. Allí, bajo el supuesto consentimiento del juez y en coordinación con algunos dependientes judiciales, se concedía la petición de traslado de reclusos a cárceles de baja complejidad en Florida, Yotoco, Miranda y Guapi.
En las próximas horas la Fiscalía presentará a los tres abogados ante un juez de control de garantías de Bogotá y les formulará cargos por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Por los mismos hechos otras 19 personas han sido judicializadas.

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