La Gerencia de la
Contraloría General de la República en el Magdalena ordenó mediante un proceso
de responsabilidad fiscal, embargar las cuentas del exalcalde de Santa Marta y
excandidato presidencial Carlos Eduardo Caicedo Omar, por presuntas
irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar del Distrito.
La medida igualmente acoge a la exsecretaria
de educación, Íngrid Padilla y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del
Cesar, Asoalimentarce, firma a la que le fue adjudicado el contrato del PAE en
el año 2014.
Según el comunicado del órgano de control, la
determinación se toma por un posible detrimento patrimonial debido a sobre
costos por más de 1.206 millones de pesos en las raciones alimentarias que se
entregan a más de 40 mil estudiantes del distrito de Santa Marta.
El ente de control fiscal confirmó que se
trata de la aplicación de medidas cautelares, en el marco del proceso iniciado
desde el año 2014, cuando presuntamente se presentaron las anomalías.
Es de recordar que en
Noviembre de 2017, por orden de la Fiscalía fueron capturados el alcalde
suspendido de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, y el exalcalde Carlos
Caicedo por estar implicados en
corrupción de contratos.
En el marco de los
procedimientos de captura ordenados por la Fiscalía, que se iniciaron con la
aprehensión del exalcalde y ex precandidato presidencial, se sumó a la captura
del alcalde suspendido Rafael Alejandro Martínez y otros funcionarios de la
administración local.
En su momento las fuentes judiciales advirtieron que la
captura del exalcalde Carlos Caicedo se produjo al existir abundante material
probatorio que al parecer involucra al ex precandidato presidencial con estos
hechos de corrupción.
Entre los que se
encuentran las falencias que se presentaron en la celebración y ejecución de
cinco contratos cuyo valor global asciende a los 12 mil millones de pesos.
Los convenios tenían
como objetivo la construcción de cinco puestos de salud en Santa Marta y según
la investigación, el exalcalde Caicedo habría suscrito un acta y un acuerdo que
autorizaba la demolición y construcción de cinco puestos de salud: Mamatoco, La
Paz, Candelaria, Taganga y Bastidas, sin embargo, solamente se construyó este
último.