Fueron
cuatro los falsos abogados capturados por conformar una supuesta oficina de
trámites que tenía entre su catálogo de servicios, hacerle "conejo" a
la ley a través del régimen de pensiones.
Según
el coronel Wilson Pardo, subdirector de la Dijin, la cuantía de los estafados
llegó a los $1.500 millones, aunque luego de varias investigaciones se pudo
establecer que los falsos abogados supieron invertir muy bien ese dinero.
La
fortuna de estos cuatro tramitadores superó los $3.500 millones en propiedades
que pasarán a ser objeto de extinción de dominio de la Fiscalía.
Entre
los bienes se cuentan apartamentos, casas, oficinas y fincas, que aparentemente
fueron adquiridas a través de las estafas a los futuros pensionados y que los
cuatro falsos abogados dejaron a nombre de sus familiares.
La
Policía espera que esas propiedades sirvan para reparar al Estado y a las
víctimas de esta estafa.