La Procuraduría General de la Nación
citó a audiencia pública a Ramón Navarro Pereira, Julia Margarita Serrano
Monsalvo y Ramón Heráclito Hemer Redondo,
en su condición de gerentes generales de la Triple A, dentro del proceso
verbal que adelanta por hechos relacionados con la ejecución del contrato de
asistencia técnica suscrito entre
Interamericana de Aguas y Servicios S.A (INASSA) y la sociedad Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A E.S.P..
La Procuraduría General
de la Nación estableció que la Triple A desde el año 2000 venía pagando a
INASSA una remuneración derivada del citado contrato, que mensualmente era en
promedio de $1.600 millones, lo que anualmente representaba una remuneración
aproximada de $19.600 millones de pesos, lo que significa que durante la
vigencia del contrato ese pago superó los $237.000 millones de pesos,
equivalentes a acerca de $80 millones de dólares.
El pasado 8 de
septiembre una comisión disciplinaria interna, creada para investigar hechos de
corrupción relacionados con la Triple A, inició indagación preliminar sobre el
contrato de asistencia técnica suscrito el 31 de marzo de 2000, por Luis
Nicolella De Caro, en representación de INASSA, y Francisco Olmos Fernández, de
la Triple A, y subrogado por las partes cinco meses después (4 de septiembre),
pactándose su plazo hasta el 19 de octubre de 2033.
El Ministerio Público
estableció que el objeto del contrato consistió en “la prestación de asistencia técnica en la
gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”, servicios por los
cuales la Triple A remuneraría a INASSA mensualmente con el 4.5% del recaudo
que por concepto de servicios ingresaban al patrimonio de la sociedad, en la
que el Distrito de Barranquilla tiene el 14.5% del capital social.
El ente de control
revisó la contabilidad de las empresas involucradas en la ejecución del
contrato que reposaban en la Triple A, y no encontró soportes ni evidencias que
acreditaran que dicha asistencia técnica se estuviere prestando.
Ante estas gravísimas evidencias el Ministerio Público solicitó a
la Triple A, el pasado 30 de octubre, la suspensión de la ejecución del
contrato de asistencia técnica, lo que evitó que desde noviembre se hiciera un
giro a INASSA de $4.800 millones.
La Procuraduría formuló
cargos a los implicados por haber permitido que INASSA se apropiara de recursos
de propiedad del Distrito de Barranquilla, al autorizar que con dineros sobre
los cuales la entidad territorial tenía derechos accionarios del 14.5%, se
efectuaran pagos remuneratorios de una presunta asistencia técnica, pese a que
no existe evidencia de la prestación de los servicios objeto del contrato.
La falta imputada a los
representantes legales de la Triple A consiste en “apropiarse, directa o
indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o
permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”, la cual fue calificada
como gravísima a título de dolo para los señores Ramón Navarro Pereira y Julia
Margarita Serrano Monsalvo, y de culpa gravísima para Ramón Heráclito Hemer
Redondo.
El ente de control
trasladó copias de las diligencias a la Procuraduría Delegada para la
Conciliación Administrativa, para que analice las acciones procedentes en
defensa de la legalidad, del patrimonio público y de la moralidad
administrativa.
a. El proceso de
capitalización y descapitalización de la Triple A, que condujo a la reducción
del capital público del 85% al 14.5%, en relación con el cual la Procuraduría
interviene en una acción popular, instaurada para defender el patrimonio
público.
b. Actos de corrupción
relacionados con la simulación de órdenes de servicio para beneficiar a
terceros, por cerca de $27 mil millones
de pesos.
c. La administración y
manejo de los recursos que el Distrito de Barranquilla transfiere a la Triple A
por concepto de subsidios, por el orden de$70.000 millones de pesos.