Villavicencio. El magistrado, Alcibiades Vargas Bautista, de
la Sala Penal del Tribunal Superior
sancionó con medida correccional
al Director de Séptimo Día, Manuel
Teodoro Bermúdez y a la periodista, Paola Rojas Camacho.
En fallo de única
instancia, en el que el togado obra como JUEZ Y PARTE, impuso a los comunicadores una multa
pecuniaria de 8 salarios mínimos legales vigentes mensuales que en cifras
equivalen a $5 millones 515 mil 632 pesos y que deberán de consignar al Banco
Agrario, a la cuenta de multas y cauciones efectivas del Consejo Superior de la
Judicatura.
La presentadora, María
Lucía Fernández Johnson, fue exonerada de todo tipo de responsabilidades.
Los periodistas fueron
sancionados por auspiciar declaraciones del abogado, Pablo Antonio Bustos Sánchez,
en su condición de veedor ciudadano y Henny Jazmín Larrota Peña, exiliada en
los Estados Unidos, luego del crimen a su hijo ocurrido en 2008 dentro de la
seguidilla de muertes en el caso Autorrollings.
Según el magistrado,
desconsideradamente y de manera irrespetuosa lo tildaron de corrupto, al tiempo
que los periodistas exhibieron una fotografía y mencionaron su nombre en varias
ocasiones en desarrollo del programa emitido al Aire el 10 de enero de 2016.
Por una Tutela
interpuesta por Vargas Bautista, exigiendo respeto a la honra, dignidad, buen
nombre e imagen, séptimo día rectificó el 19 de junio de 2016, que para el magistrado no fue de gran agrado ni
quedó satisfecho debido a que no se hizo con la misma intensidad de tiempo al
aire.
Para el magistrado, se atentó contra la justicia tejiendo un
manto de dudas en las instituciones que la administran, sin ofrecer un mínimo
soporte de elementos para sustentar las afirmaciones, cuando realmente existía
un fallo que profirió la Corte Suprema y del que tuvo conocimiento la
periodista y que no le dio importancia.
Subrayó, que el objeto
de la medida correccional es para exigir respeto y protección de la justicia y
restaurar el daño causado por informaciones de quienes resolvieron pretextando
ejercer el derecho a informar, haciendo imputaciones infundadas respecto de las
autoridades encargadas de resolver un asunto en particular.
Los señalamientos
contra el magistrado no aportaron nada positivo a la institucionalidad, al
contrario lo desacreditaron ante la opinión pública poniendo entre dicho la
actuación adelantada y la decisión que habrá de tomarse por parte de ese
Despacho frente a la apelación del fallo condenatorio que cursa en segunda
instancia, de Marbelly Sofía, dijo el togado.